• Germán Corcho Tróchez

miércoles, 21 de agosto de 2013

Las sanciones impuestas por la Superintendencia de Industria y Comercio a las empresas de telecomunicaciones suman, desde 2011, hasta la fecha, $59.000 millones, que en su mayoría han sido cancelados. El monto es producto de lo que el superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo, cataloga como su frente de batalla al frente de la entidad: “la defensa del consumidor y la libre competencia”.

¿Qué hace la SIC para que las empresas de Telecomunicaciones mejoren su servicio?
Es uno de los sectores que más trabajamos. En 2011 impusimos en este sector sanciones por $27.000 millones, en 2012 por $22.000 millones y lo que va corrido este año más de $10.000 millones. Disponemos algo así como del 10% de nuestro presupuesto y el 15% de nuestra gente para ello. Estamos trabajando de la mano de los operadores, para ver cómo reducimos de manera sustancial las quejas que se derivan por la no atención de los usuarios en debida forma.

¿El número de funcionarios de la SIC es el ideal para cumplir sus funciones?
La Superintendencia necesitaría unas 300 personas más en su planta. Pero no es el ideal, como seguramente lo pensarían todo los directores, gerentes, ministros, superintendentes respecto de sus entidades. Hay que agradecer que entidades como la Superintendencia se ha fortalecido a un ritmo mayor a lo que lo han hecho la inmensa mayoría de entidades públicas.

¿Qué debe reforzar la SIC?
Lo que tiene que ver con protección al consumidor, la metrología legal que son pesas y medidas, y protección del habeas data. Hay es donde encuentro que tenemos ausencia de personal. Incluso, lo que tiene que ver con el consumidor del servicio de telecomunicaciones, en buena medida, esa función la cumplimos con contratistas en virtud de un convenio que tenemos con Fontic, y lo que tiene que ver con reglamentos técnicos y metrología lo cumplimos con un convenio que tenemos con el Ministerio de Agricultura.

¿Hay algún sector que le preocupe a la SIC porque esté monopolizado o a punta de serlo?
Me parece que hay unos monopolios naturales, donde no hay nada qué hacer. Hay es que preservar que quien lo ejerza, no abuse de esa posición de dominio. Por ejemplo, lo que tiene que ver con servicios públicos. Hay que tener mucho cuidado en los sectores oligopólicos, que son propensos a funcionar de manera coordinada, a tener carteles de mentes. Hay que vigilarlos y monitorearlos, para ver por qué hay algunos comportamientos de los distintos actores que siempre son iguales. Es difícil, pero hay que hacer un trabajo importante. Hoy, con una capacidad sancionatoria de $60.000 millones por cada infracción, el tema de la libre competencia adquiere la importancia que tiene que tener y hay que hacerla valer.

¿Qué tan avanzado está el mercado colombiano en la cultura de registro de marcas?
Muy bien. Desde el punto de vista sustancial, Colombia tiene una de las mejores legislaciones, en la medida en que hemos firmado todo convenio internacional y de la Comunidad Andina. Desde el punto de vista de hacer respetar los derechos de propiedad industrial, hemos avanzado muchísimo en la medida en que el legislador acertó otorgándole la función judicial a la Superintendencia: hoy nos demoramos 24 o 48 horas en decretar una medida cautelar, lo que era antes impensable.

¿Es errado pensar que los asuntos de propiedad intelectual e industrial se han relegado?
Es errado, porque Colombia fundamentalmente es un país de microempresarios y medianos empresarios, y buena parte de nuestro registro de propiedad industrial está constituido por marcas que ellos han solicitado.