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  • Colprensa

lunes, 9 de abril de 2012

Las personas cobijadas con la decisión son: Julio César Daza, quien fuera el jefe de la oficina jurídica de AIS, Julián Alfredo Gómez, exdirector del programa; Daniel Montoya y Jairo Cano, quienes hacían las veces de coordinadores.

Por considerar que los imputados podrían ser responsables de las conductas que se les acusan, además de constituir un peligro para la sociedad (por la gravedad de las conductas), la juez 56 de control de garantías de Bogotá, dictó medida de aseguramiento domiciliaria contra cuatro exfuncionarios del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), investigados dentro del escándalo de Agro Ingreso Seguro (AIS).

Los delitos
El pasado 28 de marzo la Fiscalía le imputó los delitos de contrato sin cumplimientos de requisitos a Gómez y Daza. Mientras a Montoya y Cano les fue atribuido peculado por apropiación en favor de terceros.

Según la Fiscalía, el instituto con el cual laboraban los cuatro exfuncionarios fue contratado por el entonces ministro de Agricultura Andrés Felipe Arias, para la entrega de apoyos económicos no reembolsables a los beneficiarios del programa del gobierno nacional.

Los procesados, de acuerdo a la acusación hicieron parte de la celebración de contratos de los programas de ciencia y tecnología en subsidios de riego y drenaje, sin que estos cumplieran los requisitos exigidos por la ley, por lo que primó el interés particular de los investigados cuando era su deber estar al tanto de cada cosas que ocurriera en el desarrollo de los mismos.

Según la juez, la medida de aseguramiento en su lugar de residencia es viable dado que garantiza la comparecencia al proceso de los imputados, evita que los acusados puedan intervenir en el mismo y se permite gracias a que los investigados han comparecido juiciosamente a los llamados de la justicia.

La defensa de Gómez
Por su parte, Gómez, hijo del exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia Alfredo Gómez Quintero, dijo durante su defensa en la audiencia que la ley dice que hasta tanto no quede en firme una decisión judicial definitiva sobre la responsabilidad de alguien sobre un hecho esa persona además de presumirse inocente debe tratarse como tal.

“A mí en esta audiencia me han tratado como un delincuente de cuello blanco, cuando hasta ahora está iniciando la investigación penal”, dijo el imputado al referirse al calificativo utilizado por el Fiscal durante la diligencia para referirse a los procesados y a su presunta participación en los hechos que se le acusan.

Sobre el particular, la juez llamó la atención al representante del ente acusador para que evite en diligencias futuras utilizar este tipo de términos en contra de los imputados.

Ante la solicitud, el fiscal 4 anticorrupción aceptó el regaño y ofreció excusas a los cuatro imputados.

Ante la petición de Gómez de compulsar copias para que se investigue a Javier Enrique Romero considerado el testigo ‘estrella’ de la Fiscalía dentro del proceso de Agro Ingreso Seguro por falso testimonio, luego de que este declarara en su contra, la administradora de justicia dijo que esta no es la etapa procesal para definir el particular.

El ministerio Público y la defensa de los acusados interpusieron recurso de apelación referente a la medida de aseguramiento dictada por la administradora de justicia en contra de los exfuncionarios del IICA.

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