domingo, 22 de julio de 2012

Decreto No. 1548 - A través del siguiente decreto, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, modificó el margen de solvencia de las sociedades administradoras de fondos de pensiones y cesantías.

Según la disposición, la  relación  de  solvencia  se  define  como  “el  valor  del  patrimonio  técnico  calculado en  los términos de este  título,  dividido por el  valor de exposición  al  riesgo operacional.  Esta relación  se  expresa  en  términos  porcentuales.  La  relación  de  solvencia  total  mínima  de  las  sociedades administradoras de fondos de pensiones y de cesantías será del nueve por ciento (9%).”

Así mismo sostiene que, en  concordancia  con  el  artículo  85  del  Estatuto Orgánico  del  Sistema  Financiero,  la  reducción de  la  reserva  legal  constituida  mediante  la  apropiación  de  utilidades  líquidas  sólo  podrá  realizarse   cuando tenga  por objeto enjugar pérdidas acumuladas que excedan el monto  total  de  las  utilidades  obtenidas  en  el  correspondiente  ejercicio  y de  las  utilidades  no  distribuidas  de ejercicios anteriores;  y  cuando el  valor liberado se destine a capitalizar la  entidad mediante la distribución de dividendos  en  acciones.  Lo  dispuesto  en  el  presente  parágrafo  aplica  para  la  totalidad  de  la  reserva  legal, incluido el monto en que ella exceda el  50% del capital suscrito.

Entre tanto, los riesgos operacionales serán entendidos como la  posibilidad de que una sociedad  administradora de fondos de  pensiones y de cesantía incurra en  pérdidas  y disminuya  el  valor  de  su  patrimonio El riesgo operacional incluye el riesgo legal, pero excluye los riesgos estratégico y de reputación.

Consejo de estado

Derecho a la rectificación tiene por destinatario medio que cometió la injuria y no las personas. REF: Radicación No. 110010324000200500141 01-  Las informaciones que pueden afectar a una persona públicamente en su buen nombre u otros derechos e intereses, que se consideren inexactas, injuriosas o falsas, respecto de las cuales procede la rectificación, deben provenir directamente del programa de televisión y no de las terceras personas que en él intervengan; por tanto la rectificación tiene por destinatario al medio de comunicación y no las personas que hicieron uso de él.

Corte constitucional

La administración debe implementar acciones afirmativas a favor de los recicladores. Sentencia T-387/12 -  Dichas medidas, en aquellos casos en los que la población recicladora es despojada de la actividad de la que deriva su sustento, deben permitir que se sigan que estos se sigan dedicando al reciclaje, en condiciones mucho más óptimas que las que antes tenían y que les permitan su progreso como asociaciones de empresarios de la basura. Las acciones afirmativas corresponden a situaciones concretas y especificas que precisan soluciones y propuestas particulares.

Corte constitucional

La administración debe implementar acciones afirmativas a favor de los recicladores. Sentencia T-387/12 -  Dichas medidas, en aquellos casos en los que la población recicladora es despojada de la actividad de la que deriva su sustento, deben permitir que se sigan que estos se sigan dedicando al reciclaje, en condiciones mucho más óptimas que las que antes tenían y que les permitan su progreso como asociaciones de empresarios de la basura. Las acciones afirmativas corresponden a situaciones concretas y especificas que precisan soluciones y propuestas particulares.

Corte suprema de justicia

Es la ley, y no las partes, la que determina la naturaleza del vínculo laboral de los servidores. Radicación No. 42610  - Si bien una persona puede estar afiliado una la organización sindical, haber estado vinculado por un contrato de trabajo y ser beneficiario de lo estatuido en la convención colectiva de trabajo, esta situación no significa que fuera trabajador oficial, pues resulta insoslayable que es la propia ley, y eventualmente no las partes, la que determina la naturaleza del vínculo laboral de los servidores distritales, que, por regla general, son empleados públicos.
corte