jueves, 1 de marzo de 2012
Razón le asistió al Presidente Santos cuando afirmó que se trata de `idiotas útiles` que lo único que logran es `hacerle el juego al terrorismo` al referirse a aquellas personas que quieren magnificar la acción de los delincuentes y los terroristas, muchas veces para hacer política con los temas de la seguridad.
Y no obstante, el Presidente exhibió cifras alentadoras en materia de seguridad en el marco nacional; no es menos cierto que las cosas en el Magdalena y en Santa Marta están graves. Sólo en las últimas horas, en el Magdalena se registró el primer secuestro extorsivo, y en Santa Marta, en menos de 38 horas, asesinaron a 6 personas y 2 más quedaron heridas, a pesar de las medidas restrictivas de circulación de motos y porte de armas en la ciudad.
Más dramático es tener la certeza que ni en Magdalena ni en Santa Marta hay un solo párrafo escrito direccionado a la construcción de políticas de seguridad ciudadana y prevención del crimen. Tampoco hay una iniciativa de componente social para la prevención de la delincuencia. Y en cambio sí hay una mezquina disposición tendiente a querer cargar con toda la responsabilidad a las Fuerzas Armadas, olvidándose, los líderes territoriales que en sus condiciones de mandatarios son los verdaderos responsables de este asunto.
No en vano el Presidente hizo el llamado a alcaldes y gobernadores para que le den al tema de la seguridad la prioridad del caso, y les recordó que la seguridad es una prioridad del Gobierno Nacional pero también es una responsabilidad de las autoridades locales y regionales. Fue Santos el autor del documento rector de la Política de Consolidación de la Seguridad Democrática en sus épocas de Ministro de la Defensa del ex presidente Uribe.
Para la segunda fase de la recuperación de la soberanía de nuestro país se tenía claro que el haber alcanzado el control de la mayoría del territorio no era suficiente. Sino que ahora le correspondía al Estado consolidar dicho control, para lo cual no bastaba la presencia de la Fuerza Pública sino que se hacía vital la llegada del Estado en todas sus expresiones. Con la introducción de la Doctrina de Acción Integral se proponía que la Fuerza Pública trabajara con el entonces Centro de Coordinación de Acción Integral, y en ausencia de éste, con las autoridades locales y las agencias del Estado que se encuentren en la zona, coordinando labores sociales que satisfagan las necesidades de la población. Pero en este componente los ausentes han sido los entes territoriales, que a fuerza de corrupción e ignorancia han cambiado responsabilidades.
Y me preguntarán ¿qué tiene que ver el fuero militar ahí? Mucho, en la medida que ante semejante panorama de irresponsabilidad de los mandatarios la Fuerza Pública se ha visto tentado a pasar de acciones preventivas a represivas sin contar con un verdadero componente de seguridad jurídica y judicial. Y aunque se quiera negar por parte del mando, sí hay temor en la tropa de terminar judicializados por cumplir con el deber.
Para el caso puedo citar dos ejemplos. El primero lo registra Semana en uno de sus confidenciales. Por hechos ocurridos hace 26 años vinculados con acciones delincuenciales del entonces M-19 hoy están detenidos un grupo de policiales que en su oportunidad cumplieron con el deber. El segundo se relaciona con la visita que hiciera el Santos a la tropa con ocasión de la caída del narcoterrorista Cano. El presidente, al saludar al soldado profesional que dio de baja a Cano, le preguntó que qué podía hacer por él. Y él le rogó que le garantizara no terminara, por cuenta de ella, envainado con la justicia.
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