martes, 3 de abril de 2012

Medidas de aseguramiento, denuncias, destituciones e investigaciones son algunos de los procesos que se han gestionado durante los primeros meses del año; y aunque muchos vienen con tiempo de anticipación, estas fechas han sido claves para la resolución de los fallos. Sin embargo, los casos más impactantes continúan presentando retrasos en el desarrollo habitual de los procesos.

Los tres reconocidos `carruseles`, las `chuzadas` telefónicas, falsas desmovilizaciones, manejo indebido de los recursos públicos y desfalcos que suman grandes cantidades de dinero del patrimonio público son algunas de las denuncias que han terminado en la Fiscalía y otras que aún están en desarrollo.

LR, realizó una consulta a abogados expertos en materia política y judicial, quienes expresaron que los casos son tan delicados, en materia de derechos humanos, derecho internacional humanitario y en uso no adecuado del patrimonio, que al Fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre, le espera un gran reto en dar conclusión y fallos justos.

En el tema del `carrusel de las pensiones`, por ejemplo, los consultados plantean que es una cuestión que viene desde años atrás, 'Este tema, está relacionado con una costumbre de ciertos sectores privilegiados del país que hacen un esguince anormal para obtener pensiones por encima de la ley', dice Billy Escobar, Decano de la facultad de Ciencias Sociales del Politécnico Gran Colombiano.

Por otra parte, Ignacio Cantillo, abogado, afirma que el país debería estar esperando condenas ejemplares para los responsables de cada uno de los casos, que ha seleccionado LR, como los más sonados por sus implicaciones jurídicas y sociales, en tanto a la afectación que ha sufrido el erario público y en las funciones del sector.

El `carrusel de las pensiones`

MARÍA DEL PILAR HURTADO
El juicio contra la Ex directora del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), por abuso de confianza e interceptación de llamadas, ha sido uno de los más sonados por el relevante apoyo que recibió la ex directora de parte del presidente Álvaro Uribe Vélez, por la aceptación de asilo político en Panamá y porque la Oficina de Asuntos Jurídicos de la Interpol, informó a las autoridades colombianas que le negaba la expedición de la circular roja en contra de la funcionaria, después de que la Cancillería de Colombia pidiera la extradición de María del Pilar Hurtado, en diciembre del año pasado. Sin embargo, el caso puede seguir corriendo.

Andrés Felipe Arias
'Consistía en un subsidio para los pequeños productores y micro empresarios, para aliviar los efectos del TLC, para lo cual el gobierno asignó $500.000 millones que no terminaron donde los respectivos beneficiarios', explica Jesús Larrahondo. En ese momento el Ministerio de Agricultura estaba en manos de Andrés Felipe Arias, quien se encuentra en la Escuela de Caballería, por orden del Tribunal Superior, debido a los delitos de peculado e interés indebido en la celebración de contratos. El juicio del ex ministro pasó a la Corte Suprema de Justicia, donde llevó a seis testigos y cerca de 150 pruebas para comprobar su inocencia.

A finales de enero, la Contraloría General de la Nación, encabezada por la funcionaria Sandra Morelli dio inicio a las investigaciones de los magistrados de la judicatura por un incremento de los salarios de la rama judicial y ascensos de cargos para los mismo efectos, un año antes de jubilarse.

Dentro de la polémica que se generó, también cayó el ex gobernador del Cauca, Temístocles Ortega Narváez, por sus actuaciones cuando fue presidente del Consejo Superior de la Judicatura, razón por la cual la Contraloría lo llamó a Juicio Fiscal junto con 20 magistrados y ex magistrados de la misma organización de la rama judicial nacional.

El juicio fiscal inició con 23 de los magistrados de esta corte, sin embargo fue un número que se fue incrementando durante los tres meses siguientes, tanto así, que en las últimas semanas se publicó que cerca de 200 magistrados de las altas Cortes estaban siendo investigados por las entidades reguladoras. .

En versión libre, han declarado los siguientes togados: Ovidio Claros, Henry Villarraga, Julia Emma Garzón y Pedro Sanabria, ante la Comisión de acusación de la Cámara de Representantes.

Según los cálculos de la Contraloría, el valor del detrimento patrimonial ocasionado, podría llegar a los $14.000 millones.

Entre las últimas discusiones que se presentaron alrededor del caso, estuvo la elección de la semana pasada por parte de la sala de conjueces tuvo que determinaron cuál sería la entidad gubernamental que le daría continuidad al caso. Aunque la mayoría consideró apta a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, la organización le solicitó a la Contraloría General de la Nación colaboración en el caso.

Jorge Visbal
El ex embajador de Colombia en Perú, Jorge Visbal fue cobijado por medida de aseguramiento de la Fiscalía el mes pasado, ya que durante su dirección en el gremio de ganaderos Fedegán, 'promovió y financió a las AUC'. según argumentos del ente de investigación. Tras la renuncia que presentó a la embajada, Jorge Visbal llegó a Colombia a someterse al debido proceso. Las pruebas recopiladas en su contra, también provinieron de los nombramientos que se le hicieron en las declaraciones de presos paramilitares, como es el caso de Salvatore Mancuso. A Visbal se le acusa de homicidios y contacto con el grupo armado.

Héctor Fabio Useche
Hector Fabio Useche, ex gobernador del Valle del Cauca es el sexto político suspendido en el departamento. Al funcionario se le acusa como responsable de un detrimento patrimonial de $40.000 millones en la Industria de Licores del Valle, ILV. Con distintos matices, la historia se repite. La suspensión se origina en hechos sucedidos cuando Useche fungía como Secretario de Salud del también suspendido y luego destituido ex gobernador Juan Carlos Abadía, e integró la Junta Directiva de la ILV que autorizó la entrega de millones de botellas de aguardiente a su distribuidor. El encargado del departamento actualmente es Aurelio Iragori.

`El Carrusel de la contratación`

Luis Carlos Restrepo
La Fiscalía General de la Nación, confirmó que el caso del ex alto comisionado de paz, Luis Carlos Restrepo continuará su trámite normal así se niegue a regresar al país. En los próximos días y una vez el proceso llegue por reparto a un juzgado de conocimiento, se fijará fecha para que se realice la audiencia de acusación formal contra Luis Carlos Restrepo por la falsa desmovilización del frente `Cacica La Gaitana`. El pasado mes el fiscal Francisco Javier Villareal le imputó al ex comisionado los delitos de peculado por apropiación, fraude procesal, concierto para delinquir y fabricación, tráfico y porte de armas, privativas para las FF. MM.

Carlos Palacino
Dentro de los malos manejos de recursos en el sector salud está el caso Saludcoop bajo la administración de Carlos Palacino. Según la denuncia realizada por el senador Jorge Enrique Robledo, el crecimiento del 504% en 15 años de la entidad, se debe a 'la incorrecta utilización del dinero correspondiente a la Unidad de pago por capitación y sobre costos de medicamentos incluidos en el POS. Ya Saludcoop había sido sancionada por el anterior Supersalud, al enterarse que la EPS, había utilizado el sistema de participaciones para fines legalmente no establecidos. La intervención de la Supersalud llegará a la junta directiva del Acemi.

El proceso en contra del Grupo Nule, inició desde en los primeros meses del 2010, cuando se diagnosticaron irregularidades en la construcción vial de Bogotá, que estaba bajo la responsabilidad de los contratistas.

Durante su reclusión en la cárcel La Picota de Bogotá, los Nule han asistido a varias de las audiencias a fin de que se dictamine el fallo por los cuatro cargos, entre los que se encuentra el peculado por expropiación que es sobre el que recae el mayor peso de la ley.

En enero, al grupo se le encontró varias comodidades que permitía que no estuvieran en igualdad de condiciones en la cárcel, por esta razón, el Inpec, decomisó en su momento, licores, dinero en efectivo, celulares, computadores, consolas de videojuegos y un cocinero privado, razón por la cual, redactaron una tutela solicitando el derecho a su alimentación privada, ya que corrían el riesgo de poder ser envenenados, afirmando, de igual forma que la justicia les había vulnerado su derecho a la vida.

El último hecho de los Nule, está relacionado con el beneficio que podrían recibir por colaborar con la justicia, que consiste en un cese del proceso penal por un año para los miembros del Grupo. Se asume que la renuncia de Edgar Ortíz, abogado de la Contraloría General , que estuvo al frente del proceso, se debe al acuerdo que los acusados pactaron con la Fiscalía, en el proceso de estas irregularidades.

Según Billy Escobar, Decano de Ciencias Sociales del Politécnico Gran Colombiano, 'los Nule son los principales implicados, pero detrás de ellos hay un cerebro que los ha controlado, porque era un consorcio que tenía varias obras encargadas. Sin embargo, se puede decir que en el momento los nule van ganando la partida'.

Ómar Figueroa
Es un proceso declarado por la Fiscalía desde a finales del 2011, en la cual el ente de investigación empezó a citar a apoderados de la Dirección Nacional de Estupefacientes para escuchar las declaraciones por presuntas irregularidades en favorecimiento a terceros de los bienes incautados de la DNE. Dentro del proceso, quienes más han sido cuestionados, es el ex director, Ómar Figueroa Reyes y su padre, Adolfo Figueroa Avella. Actualmente, la Fiscalía imputó cargos a Figueroa Reyes por delitos de peculado, prevaricato, falsedad y concierto para delinquir, y pidió que se dictara medida de aseguramiento al padre del ex director.

IVÁN MORENO
El hermano del ex alcalde Bogotá, Samuel Moreno, continúa en proceso. La próxima audiencia para el ex funcionario será el 10 de abril, después de haber sido aplazada por el Consejo de Estado. Según declaraciones, el tiempo de espera fue solicitado por el abogado defensor de Moreno. El juicio que está en marcha es producto de su vinculo del ex funcionario con los Nule, cuestionados por contratos que ocasionaron grandes desfalcos en el presupuesto de infraestructura. El día en que tuvo la audiencia con el Procurador, Alejandro Ordóñez, Iván Moreno fue sancionó de ejercer en cargos públicos por 20 años.