miércoles, 29 de febrero de 2012
La exdirectora del IDU Liliana Pardo demandó a la nación por $725 millones por considerar que las dos sanciones disciplinarias que la Procuraduría General de la Nación le interpuso, dentro del proceso por el "carrusel de la contratación", le causaron daños y perjuicios.
La primera sanción que se emitió contra Pardo, el 23 de junio del año pasado, es una inhabilidad para ejercer cargos públicos por un periodo de 18 años. En ese momento se argumentó que hubo irregularidades en el desarrollo de las obras realizadas en la calle 26, e incluidas dentro de la fase III de Transmilenio.
Además, el pasado 8 de agosto el Ministerio Público suspendió e inhabilitó por 11 años a Pardo por haber omitido sus funciones de vigilancia y control sobre sus subalternos y por no haber revisado los procesos de contratación celebrados entre los años 2007 y 2008.
Pardo Gaona también tiene en su contra una investigación penal por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación a favor de terceros, prevaricato por omisión y, en calidad de coautora, del delito de interés indebido en la celebración de contratos.
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