jueves, 29 de noviembre de 2012
“El mundo de hoy se inclina más a decisiones que se toman en centros financieros, políticos o en este caso por el tribunal de La Haya, por quince jueces que nunca pisaron nuestro territorio y que tomaron una determinación sobre los derechos de los colombianos”.
Así lo indicó el ministro del Interior, Fernando Carrillo, para quien es curioso que siendo la Corte Internacional de Justicia un tribunal de las Naciones Unidas, se le haya olvidado los derechos de los raizales; en particular la seguridad alimentaria, la protección del medioambiente y la lucha contra el narcotráfico, los cuales son principios fundamentales del funcionamiento de la comunidad internacional.
“Colombia tiene un gran compromiso con los habitantes de la isla, quienes se verán afectados en sus derechos elementales. Por ello, se acudirá a las instancias de las Naciones Unidas para protegerles a los raizales su derecho a la seguridad alimentaria, reveló Carrillo.
Además, agregó “lo que se ha descubierto sobre el fallo, hasta el momento, es la gran complejidad de tener unas condiciones específicas para que este sea ejecutado, principalmente por el escaso papel que jugaron los derechos de esos colombianos que habitan el archipiélago de San Andrés, pues no se permitió la participación ciudadana y el derecho a la información, elementos contemplados en la constitución del 91”.
Por su parte, el procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, celebró la decisión del Presidente, Juan Manuel Santos, de retirar a Colombia como Estado del Pacto de Bogotá.
“Todas las controversias de carácter internacional deben ser solucionadas en otros escenarios y no en el tribunal de La Haya. Me parece muy bien que el Gobierno se haya retirado de ese convenio”, manifestó Ordóñez.
En ese sentido, explicó que la soberanía de los países no se puede someter a la decisión de órganos judiciales que no fallan en derecho.
“Esos órganos tienen otra serie de elementos para tomar decisiones de controversias internacionales, por eso quiero reiterar que es una determinación prudente y oportuna”, puntualizó. Para el jefe del Ministerio Público dicha medida implementada por el Gobierno confirma lo que dice la Constitución, según la cual solo los tratados internacionales pueden definir los limites marítimos de nuestro país.
Entre tanto, durante el lanzamiento del Plan Integral de Desarrollo de Urabá en Apartadó, el presidente Santos dijo que Colombia va a actuar con toda la firmeza y determinación frente al fallo para que ningún derecho sea vulnerado.
“Tengan la seguridad todos los colombianos que seguiremos usando todos los recursos que tenemos en todas las instancias para que este fallo de la Corte no vulnere ninguno de nuestros derechos. Lo vamos a hacer de forma prudente”, señaló y agregó que no va a insultar al presidente Ortega pero sí actuará con firmeza. Santos reiteró ayer que Colombia no va a acatar el fallo de La Haya.
OEA lamentó retiro del Pacto
José Miguel Insulza, secretario de la Organización de Estados Americanos (OEA), lamentó la determinación de Colombia de denunciar el Tratado Americano de Solución Pacífica de Conflictos, tras el fallo de la Corte Internacional de Justicia que le entregó a Nicaragua una importante parte del territorio marítimo.
Según Insulza “este es un mecanismo importante para dirimir controversias entre Estados de manera pacífica”. En todo caso, el funcionario reconoció que esta es una de las salidas a las que tiene derecho el gobierno colombiano. En este pronunciamiento la OEA no hace referencia alguna a las razones que están tras la determinación colombiana, ni se pronunció sobre la sentencia de la CIJ.
De otro lado, luego de una reunión con el Polo Democrático, el subsecretario de Estado de Estados Unidos para Latinoamérica, Kevin Whitaker, dijo con respecto al fallo de la Corte Internacional de Justicia que su país no hará parte de esa conflicto.
La canciller María Ángela Holguín explicó ayer ante el plenario de la VI Reunión Ordinaria del Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno de Unasur, los motivos que llevaron al Gobierno de Colombia a retirarse del Pacto de Bogotá. En una completa exposición audiovisual, dijo que la Corte Internacional de Justicia desconoció de manera abierta lo estipulado en el Tratado Esguerra Bárcenas de 1928 que le reconocía la soberanía del Archipiélago de San Andrés.
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