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miércoles, 1 de agosto de 2012

La Contraloría General anunció que iniciará procesos de responsabilidad fiscal por el orden de los $10.000 millones para determinar el presunto daño patrimonial que ocasionan los atrasos en la dotación para poner en marcha el sistema de oralidad bajo el nuevo Código Contencioso Administrativo

De acuerdo con la Contraloría, de 150 salas que había proyectado el Consejo Superior de la Judicatura, solo están listas 16.

Para la entrada en vigencia del nuevo  sistema de oralidad, que buscaba descongestionar los despachos judiciales, el Nuevo Código le impuso al Consejo Superior de la Judicatura la obligación de hacer inversiones para la dotación  de la infraestructura requerida (salas de audiencia, sistemas de grabación, equipos de video, computación, entre otros recursos físicos y tecnológicos).

Sin embargo, sostuvo la Contraloría “esta infraestructura, debía estar lista a partir de la entrada en vigencia del Código, es decir el 3 de julio, y se pudo evidenciar mediante visitas que estos despachos no están dotados, además de lo anterior se proyectaron hacer 150 salas para oralidad y a la fecha  solo están listas  16 Salas”

Sobre lo anterior, sostuvo la entidad,  hasta la fecha se han comprometido $48.000 millones en infraestructura y $68.000 millones para la vigencia 2012 para gastos de personal.

La Contraloría también advirtió que a pesar de existir 173 juzgados y 88 despachos, atendiendo la oralidad administrativa, no cuentan con la dotación de elementos tecnológicos para su adecuado funcionamiento. A hoy el represamiento de los procesos de la jurisdicción Contenciosa Administrativa esta alrededor de los 186 mil procesos

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