lunes, 19 de agosto de 2013
El director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), general Gustavo Adolfo Ricaurte, desmintió las versiones que han sido divulgadas en medios de comunicación sobre las presuntas irregularidades en los contratos de alimentación para la población de los establecimientos carcelarios.
Ricaurte afirmó que la responsabilidad de contratar la alimentación de los presos, la construcción de cárceles, la estructura carcelaria y la ampliación de cupos, le corresponde a la Unidad Administrativa Carcelaria y Penitenciaria (Uacp).
“Las informaciones no corresponden a la realidad de los hechos por cuanto al proceso de alimentación fue abierto por la unidad administrativa”, insistió el oficial.
Además, explicó que desde hace más de un año el Inpec pagó los contratos de alimentación a la Uacp, que se creó el pasado 6 de noviembre de 2011 y aseguró que el Instituto entregó los dineros correspondientes para dicho contrato.
Sin embargo, explicó que de detectarse cualquier irregularidad en alguno de los contratos firmados, éstas son reportadas a la Unidad de Servicios Penitenciarios (SPC), que según el general, “tiene a cargo la contratación y todo lo concerniente a los aspectos jurídicos y administrativos de la Prestación del Servicio de Alimentación”.
Sin embargo, en días pasados se conocieron las denuncias por parte de la Secretaría de Transparencia por presuntas irregularidades en un contrato por $300.000 millones para la alimentación de los internos.
Ante esto el Secretario de Transparencia, Rafael Medina, aseguró que en el 2011 se habrían presentado denuncias por un contrato similar.
El director general del Inpec, también habló sobre el escándalo de las supuestas irregularidades que se han venido presentando en la cárcel de Facatativá con relación a los reclusos, presuntos involucrados en la muerte de Diego Felipe Becerra.
Según fuentes cercanas al caso, los reclusos estarían gozando de ciertos beneficios en el centro carcelario. Un tema que sigue estando vigente desde hace unos días.
Frente a esto Ricaurte explicó que dentro del Instituto no se puede presentar ese tipo de problemas, pues de ser así “los que concedan privilegios a los internos sin tenerlos, serán investigados disciplinariamente y serán removidos de su cargo”.
Lo cierto es que la institución viene realizando una investigación a fondo sobre la denuncia y se espera que se pronuncie en los próximos días con el fin de determinar si los hechos son ciertos o no.
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