jueves, 2 de agosto de 2012
En cuestión de días la Procuraduría General abrirá una investigación disciplinaria contra varios funcionarios del Gobierno y diferentes entidades estatales por la demora en la atención y en la reubicación de la población afectada tras el desastre ocurrido a causa de la ola invernal en Gramalote, Norte de Santander.
La decisión se toma luego de que el procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez, recibiera de parte de las autoridades locales quejas por la demora en la solución concreta y real para la población que debió salir del municipio, que quedó prácticamente destruido a finales de 2010.
Al parecer, el Gobierno Nacional habría sido negligente, a pesar de los múltiples anuncios de ayuda y reubicación, para llevar a cabo tareas como censos y atender sus solicitudes de reubicación y de atención humanitaria de emergencia.
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