lunes, 26 de noviembre de 2012
El Partido Liberal, en cabeza de su jefe único, Simón Gaviria Muñoz, le pidió al Consejo Superior de la Judicatura que implemente lo más pronto posible el funcionamiento de despachos judiciales transitorios, para garantizar el trámite de cerca de 16.000 tutelas que presentaron, durante las cinco semanas de paro judicial, usuarios del sistema de salud que requieren una atención urgente.
El jefe único de la colectividad dijo que el tema es delicado porque son tutelas vitales.
“Está en riesgo la vida de 16.000 pacientes. Se trata de personas en estado crítico que requieren de manera urgente algún medicamento o un procedimiento médico para conservar su vida. La actual situación podría generar muertes por desatención y por eso es fundamental implementar un Plan B”, agregó Gaviria.
En esta situación se encuentra población vulnerable (indígenas, desplazados, presos, mujeres cabezas de hogar, discapacitados y tercera edad). En promedio, en el último mes cerca de 4.400 tutelas han sido interpuestas pidiendo la protección del derecho a la vida, y aproximadamente, 9.000 invocando el derecho a la salud y a la seguridad social.
Aunque en las últimas horas se ha anunciado un eventual levantamiento del paro en los tribunales, Gaviria advirtió que el 86% de las tutelas vitales están en juzgados municipales y del circuito y solo el restante 14% en los tribunales.
De otro lado, el vicefiscal General de la Nación, Jorge Fernando Perdomo, hizo un nuevo llamado para que se reintegren a sus labores los funcionarios que están en paro judicial.
Perdomo señaló que se está garantizando la entrada de los funcionarios a las fiscalías, entre ellas al búnker, ubicado en la capital del país.
Para garantizar el acceso al público se habilitarán oficinas en otras instalaciones y edificios, dijo el Vicefiscal, al anunciar mediadas para conjurar los efectos del paro en la justicia.
Así mismo, el funcionario le dio garantías a quienes insisten en el cese de actividades, siempre y cuando, se den de manera pacífica. Entre tanto, ayer, los empleados del búnker de la Fiscalía, retornaron a sus labores luego de permanecer varias semanas en cese de actividades.
La determinación de los funcionarios, se da un día después de que los empleados de los Tribunales Administrativos de Cundinamarca, Superior de Bogotá y Superior de Cundinamarca, anunciaran que abrirían las puertas al público para prestar el servicio.
El representante de los empleados del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y Superior de Bogotá, Diego Rayo, informó el domingo que los trabajadores que se encontraban en paro determinaron levantar el cese de las actividades.
Según Rayo, la decisión se dio al término de una asamblea en la que participaron 400 trabajadores de ese sector judicial.
Allí quedó por sentado que ese grupo de trabajadores judiciales no se sienten representados por las directivas de Asonal Judicial, quienes lideran el cese de actividades.
Mientras se retomaron actividades en algunos lugares, en el Instituto de Medicina Legal en Bogotá, funcionarios de la Rama Judicial que insisten en el paro judicial, realizaron un plantón como manifestación para ser escuchados por el Gobierno.
El Fiscal General, Eduardo Montealegre había hechos un llamado el jueves anterior para que quienes laboran en la institución bajo su mando, retornaran a sus trabajos, mientras él se comprometía a seguir mediando entre las partes.
Fuentes cercanas a la entidad señalaron que pese a que la entrada del búnker sigue bloqueada por algunos funcionarios judiciales, el 80% de los empleados ingresaron a sus oficinas por la parte posterior de la Fiscalía General, mientras la Policía Nacional apoyará el libre desarrollo de sus actividades.
No obstante, ante la sugerencia de la Corporación Excelencia en la Justicia, de no dar vacaciones a los empleados judiciales que aún se encuentran en paro, el presidente de Asonal Judicial, Nelson Cantillo, aseguró que es un derecho de los trabajadores judiciales acceder a las vacaciones colectivas que comenzarán el 19 de diciembre.
Así mismo indicó que para compensar el tiempo perdido por el paro judicial, el cual sigue sin levantarse en algunas zonas del país, se puede llegar a un acuerdo para agilizar los procesos atrasados. Se estima que cerca de 70% de los empleados judiciales, entrarán a vacaciones entre el 19 de diciembre y el 10 de enero.
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