martes, 28 de febrero de 2012
La Contraloría General de la República envió una misiva al presidente del Banco Agrario, Francisco Estupiñan Heredia, sobre una función de advertencia de la cartera de la entidad.
Se evidencia en el documento, que el resultado de la evaluación de la Comisión Auditora de la Contraloría, estableció que de acuerdo con el estado de la cartera con plazo de vencimiento a 31 de diciembre de 2010 existían 21.641 obligaciones, de las cuales 18.234, equivalentes al 84,25% con saldo de capital por $94.245 millones se encontraban vencidas.
Según la contralora delegada para la Gestión Pública e Instituciones Financieras de la Contraloría, Ligia Helena Borrero Restrepo, quien firma la comunicación, esta cifra es bastante significativa y pone en riesgo de pérdida los recursos públicos, por lo cual deben tomarse acciones tendientes a su recuperación.
En la misiva se destaca que se observó el castigo de cartera entre 2003 y 2010 por $177.517 millones. 'Adicionalmente, la Contraloría considera que la probabilidad de recuperación de estos recursos es por cuanto de la cifra señalada, se ha logrado recaudar $26.906 millones, equivalentes al 17,3%.
Según la entidad de control, 'en este orden, el Órgano Superior de Vigilancia y control fiscal, no puede mantenerse en actitud expectante a la espera de la culminación de determinado ciclo, trámite o proceso administrativo que conlleve el ejercicio de gestión fiscal para realizar sus pronunciamientos en forma posterior y de conformidad conlas normas constitucionales y legales aplicables, la Contraloría advierte sobre el riesgo en que se encuentran los recursos públicoa, si el Banco Agrario de Colombia S.A, no adopta las medidas correspondientes para la adecuada y eficiente administración del riesgo del crédito en el otorgamiento de los mismos y la recuperación de los recursos públicos en el asuntos particular, además de las futuras operaciones similares.
Así mismo, se envió otro documento similar pero esta vez sobre el proyecto de adecuación de oficinas, debido a la inexactitud y la baja especificidad en los términos de referencia del proyecto traducido en mayor tiempo de ejecución de las obras, afectación al desarrollo de proyectos complementarios y a la cobertura de los servicios prestados por el banco en desarrollo de su objeto social, y sobre la necesidad de adoptar las medidas necesarias para evitar que se repitan esta clase de situaciones.
Esta última misiva fue enviada el seis de febrero contando con diez días para obtener una respuesta. La Contraloría manifestó que ejercería control posterior sobre las situaciones objetos de esta función.
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