• Colprensa

miércoles, 22 de agosto de 2012

En los últimos tres años se han encontrado casos donde la EPS ha pagado el doble y hasta el triple por servicios prestados por IPS.

El secretario de Anticorrupción y Transparencia, Carlos Fernando Galán, denunció que se han encontrado varios casos de corrupción, donde se han visto involucrados funcionarios judiciales y que han llevado a que Caprecom pague sumas exorbitantes por la prestación de servicios a IPS de dos ciudades del país.

Galán explicó que una modalidad encontrada es que IPS llegan con una pretensión de pago, cuando van a los estrados judiciales han logrado que Caprecom les pague una suma mayor de lo estimado en un inicio.Por ejemplo, una institución prestadora de salud que pretendía que se le pagaran $300.000 millones, después de un fallo judicial, logran que Caprecom les pague $900 millones.

Otra caso encontrado con esta misma modalidad, donde han resultado salpicados funcionarios judiciales, es que IPS utilizan una orden de pago autorizada tras un fallo judicial, para que se les pague varias veces por la misma pretensión.

Según Galán en uno de los casos encontrados a una IPS que se le debía pagar $100 millones, se le terminó pagando cuatro veces esa suma.

Solo en estas modalidades se han encontrado nueve casos, donde las pérdidas han sido billonarias.

Sin embargo, el secretario de Anticorrupción y Transparencia prefirió no entrar en detalles acerca de las cifras exactas ni sobre las IPS o funcionarios judiciales implicados, teniendo en cuenta que el proceso de investigación está en marcha.

Otro caso denunciado por Galán está relacionado con las conciliaciones que debe hacer Caprecom para arreglar el pago con las IPS. Se ha encontrado que por ejemplo, IPS que tenían una pretensión de pago de $500 millones logran inflar las cifras con complicidad de funcionarios de Caprecom para que se exija el pago de $1.000 millones.

Aunque al conciliar se pacta un pago de $700 millones, Caprecom realmente está perdiendo $200 millones.

Galán sostuvo que estos casos se han encontrado en dos ciudades del país, cuyos casos sucedieron en los últimos tres años. Las investigaciones ya se dieron a conocer a la Fiscalía General de la Nación para que se identifiquen los responsables y se tomen las decisiones judiciales frente a estos fraudes.

Según los expertos, este tipo de fraudes tienen una sanción determinada según los delitos cometidos. Lo que aumenta la gravedad del proceso es que se trate de funcionarios judiciales involucrados.