martes, 28 de agosto de 2012

Las más recientes que se están haciendo publicidad son las referidas a la prórroga del contrato de Cerromatoso, las explotaciones de oro en el Nordeste Antioqueño (entiéndase la Frontino Gold Mines hoy nueva adquirente Gran Colombia Gold), las obras de dragado en el Puerto Carbonero que está construyendo Prodeco en Ciénaga, Magdalena, y que de acuerdo con las últimas noticias en reciente publicación de diario El Tiempo estaría causando la mortandad de peces en las bahías de El Rodadero y Taganga, en Santa Marta, entre otras.

Cuando uno tiene la curiosidad de informarse un poco más a detalle de estas noticias y en algún nivel ha conocido el tema minero en Colombia,  hace un análisis de cada noticia un poco más allá de la mera información y reflexiona sobre lo que realmente puede ser el trasfondo de cada una dependiendo de la coyuntura que la esté rodeando. En algunos casos la noticia es simplemente un boom publicitario y lo que se busca con ella es atraer la atención del espectador para lograr un fin específico. En otros casos, son los políticos de una determinada región que por intereses propios o a favor de terceros buscan desprestigiar el nombre de una compañía con trayectoria en una región, para lograr desplazarla y en su lugar anteponer los intereses de otros que le favorecen.

En los casos mencionados de Cerromatoso, la Gran Colombia Gold, quien compró a Frontino Gold Mines para la operación de oro en Segovia y Remedios, Antioquia, y Prodeco, pienso que son temas que antes de emitirse juicios de valor como actualmente está ocurriendo, deben ser estudiados y analizados a fondo por las autoridades respectivas antes de que los funcionarios encargados de la vocería del gobierno emitan pronunciamientos que enloden la trayectoria y el manejo de las operaciones de las compañías , en cuya cabeza está desarrollándose el proyecto en particular. Las acusaciones que hoy se están produciendo en contra de Cerromatoso respecto de su operación de ferroníquel en Montelíbano, Córdoba, dando a entender que han existido manejos no lo suficientemente claros y confusos con el Estado colombiano en las negociaciones para la continuación a través del tiempo en la explotación del hierro y el níquel en el área que tiene concesionada,  son juicios apresurados de una situación que puede traer consecuencias muy negativas para un país como Colombia, que quiere seguir con la política de incentivo a la atracción de la inversión extranjera. Una política seria de Estado en el manejo del aprovechamiento de los recursos naturales no renovables, debe asegurarse que antes de emitir pronunciamientos y comunicados a través de medios escritos, tener el conocimiento y la certeza de la situación que está cuestionando, antes de enlodar el nombre del privado que ha desarrollado un proyecto de gran envergadura nacional durante tantos años. El Estado en cabeza de sus autoridades, está en la obligación de velar por los intereses públicos por encima de los privados, pero antes de emitir sus pronunciamientos debe contar con la seguridad y conocimiento de la situación que está decidiendo para no dar mensajes equívocos a los inversionistas que tiene el ánimo de hacer proyectos interesantes para el desarrollo del país. Es el Estado como administrador del recurso quien debe conocer de primera mano la situación que quiere regular y definir con base en estudios técnicos, sociales, económicos, legales, ambientales, si le conviene o no continuar con los mismos en ciertos proyectos o abrirle las puertas a terceros, en aras a beneficiar los intereses del país, pero respetando los acuerdos legalmente celebrados con anterioridad y que tengan vigencia.

María Liliana Hernández

Martínez Córdoba y Abogados Asociados