• Teresita Celis

jueves, 8 de noviembre de 2012

Más que los mismos recursos que pide la rama judicial para nivelar los salarios de 45.000 empleados, lo que afloró entre la anormalidad laboral del sector judicial del país en los últimos 28 días, es un pulso de marca mayor entre los presidentes de Asonal Judicial, Nelson Cantillo y Luis Fernando Otálvaro, que sin duda traza una profunda división en esta rama del poder público.

Ambos son fiscales y ambos dicen ser la legítima cabeza y representación de la organización sindical, que en vez de un presidente tiene dos. ¿A quién obedecen las bases?

El hecho es que este pulso de poderes en este sindicato tiene a la rama judicial dividida y ello se evidenció ayer. Tras la orden de levantar el paro, dada el miércoles en la noche, al llegarse a un acuerdo entre las directivas de Asonal, representadas por Otálvaro, y el Gobierno Nacional, la normalidad laboral en el sector judicial fue parcial en el país.

Mientras en algunas ciudades como en Pereira, Armenia, Manizales, Medellín y Cúcuta se acató el paro y a las 8 de la mañana emprendieron labores, en otras regiones como Tolima, Santander, Valle y Huila, el paro continuaba, al cierre de esta edición.

En Bogotá algunos empleados retomaron actividades en ciertos juzgados pero en los de Paloquemao la huelga seguía su curso y ayer se presentaron bloqueos en este sede lo que impidió a muchos empleados que acataron la orden de levantar la huelga entrar a los juzgados.

“La decisión que ha toma toda la base judicial es no acatar el levantamiento de paro porque el acuerdo que soportó esa decisión fue rechazado al ser suscrito por un sector minoritario que no representa a la comunidad judicial ni la Fiscalía”, dijo Cantillo.

El acuerdo que tiene molesto a a este dirigente sindical, señala que se hará una nivelación salarial por $1,22 billones a partir de 2013 y en cinco años. Cantillo insiste en que deben ser $3 billones.

“Es necesario que el Gobierno los escuche nuevamente. Estamos solicitando reanudación de conversaciones, pero para empezar de cero, todo ese acuerdo que se suscribió ha sido rechazado. Vamos a exigir al Gobierno Nacional, ojalá pudiéramos hablar directamente con el presidente de la República”, señaló.

Otálvaro, quien firmó el acuerdo, ha dicho que es conveniente para la rama y según la presidente de la Corporación de Jueces y Magistrados, María del Pilar Arango, él es quien aparece como representante legítimo de Asonal, ante el Ministerio de Trabajo. Sostuvo que Cantillo no está allí registrado.

“Firmamos el acta quienes estábamos en la mesa negociadora en representación de Asonal, jueces y magistrados, Fiscalía, CTI y otros. Es un acuerdo que tiene fuerza vinculante y por eso se dijo que se levantaba el paro. Hay intereses de gente que pretende llevar esto quién sabe cuántos días más y dan desinformaciones, entonces las bases están locas, hay que esperar a que la gente se calme y entienda”, puntualizó. Cantillo sostiene que Otálvaro registró su junta directiva en el Mintrabajo, el día que comenzó el paro.

“Uno si quiere en cualquier momento puede actualizar la junta directiva. Las bases me reconocen como el presidente legítimo de Asonal y no voy a entrar en ese juego sucio”, dijo.

Nuevo sindicato
En la tarde de ayer algunos jueces y fiscales reunidos en el complejo judicial de Paloquemao anunciaron la creación de un sindicato judicial denominado Asojudiciales, con el cual buscarán la nivelación salarial a la que dicen tiene derecho.

Señalaron desconocer el liderazgo de Luis Fernando Otálvaro y demás dirigentes que firmaron el acuerdo con el Gobierno.

De la misma manera, anunciaron la realización de una marcha para este viernes con la que buscarán que el Gobierno escuche sus peticiones.

Estos funcionarios esperan recaudar nuevas firmas para respaldar su aspiración.

Entre tanto el presidente de la Sala Administrativa de la Judicatura, Néstor Correa, había señalado tras levantarse el paro que los funcionarios deberán ponerse al día con sus despachos con horarios extendidos para compensar el tiempo dejado de laborar y quienes no acataron la orden tendrían que asumir las consecuencias.

Las pérdidas hasta el miércoles de la parálisis judicial se estimaban en más de $34.000 millones y se habían dejado de realizar en el país unas 20.400 audiencias. En total son alrededor de 18 días hábiles de parálisis.

Lo claro es que luego de 28 días de paro judicial y de un acuerdo, no se sabe a ciencia cierta qué juzgados laborarán hoy.