• Colprensa

domingo, 31 de agosto de 2014

Ha pasado más de un cuarto de siglo y aunque recuerda que por la muerte de su padre “nadie ha pagado un solo día de cárcel”, el nuevo Ministro de Justicia y del Derecho aprendió a perdonar. Hoy se siente tranquilo “y con absoluta libertad” para hablar de ese aciago episodio. “No me tengo temas vedados”, afirma. 

Con la tranquilidad que lo ha caracterizado, Reyes Alvarado habló con Colprensa de sus prioridades en el Ministerio de Justicia, de la reforma judicial, de las víctimas del conflicto como él y, obviamente, del perdón colectivo para alcanzar la paz.

- Con excepción de la tutela, el ciudadano se siente lejano de la administración de justicia. ¿Qué piensa hacer? 
Eso es cierto, y me parece curioso que en un país donde 70 % de la gente piensa que la justicia no es eficiente, 90 % piensa que la tutela sí lo es. Eso nos da una idea de que lo que quiere el ciudadano es que la administración de justicia funcione igual la tutela. 

- Eso requiere de grandes reformas, pero el ciudadano busca acciones concretas. ¿Cuáles? 
No creo que necesite grandes reformas. Las grandes reformas suelen tocar aspectos estructurales macro de la administración de justicia, que no son malas, pero están lejos del ciudadano. Esto no se soluciona con grandes reformas, sino con pequeñas reformas, la gran idea del Ministerio es desarrollar macroproyectos orientados a la solución de problemas puntuales del ciudadano de a pie. 

- Por ejemplo…. 
Estamos trabajando en identificar esos proyectos, pero le menciono uno: las Casas de Justicia, que buscan acercar la justicia al ciudadano. En la medida en que esos proyectos estén en marcha vincularemos a otras entidades del Estado para lograr ese propósito. 

- Qué hacer con temas que molestan a tantos, como el robo de celulares, el ‘raponazo’, el asalto callejero… 
Otro aspecto es la Ley de Pequeñas Causas. Funcionó durante un tiempo, pero se cayó por vicios de constitucionalidad. Sin embargo son vicios muy fáciles de corregir, para ponerla nuevamente en funcionamiento en materia penal, esa es otra de las apuestas del Ministerio de Justicia. 

- El Consejo de Estado está a punto de revivir la polémica reforma a la justicia. ¿Qué piensa el Gobierno? 
Esa es una reforma que no impacta de manera directa al ciudadano y que está sobredimensionada, porque se cree que si se aprueba se solucionan los problemas de la administración de justicia y eso no es cierto. Creo que el énfasis debe estar en las pequeñas reformas, que son las que van a acercar la administración de justicia al ciudadano. Esa reforma se hundió, no existe, hoy la Fiscalía tiene un proyecto, el ministerio de Alfonso Gómez Méndez (su antecesor) trabajó en otro, el Ministerio del Interior tiene el suyo propio, de pesos y contrapesos. 

- Disculpe, pero no me ha respondido: ¿Qué hará el Gobierno si el Consejo de Estado revive esa reforma a la justicia? 
Por respeto a las altas Cortes no me puedo pronunciar sobre un supuesto. La idea del Gobierno es esperar a que se pronuncie el Consejo de Estado, revisar el alcance de la decisión y luego hacer un pronunciamiento. 

- ¿La idea es hacer un solo proyecto de esos tres borradores de reforma? 
Sí, la idea es reunir los temas comunes y hacer un pequeño debate sobre los puntos en los cuales no hay consenso. 

- ¿Cuáles son los grandes temas que debe abarcar esa reforma a la justicia? 
Uno de los temas es la revisión de las funciones del Consejo Superior de la Judicatura. Hay varias alternativas: eliminar el Consejo, sustituirlo, modificar sus funciones. Frente a las altas cortes, la Fiscalía ha trabajado en doble instancia para los aforados, separación de investigación y juzgamiento en la Corte Suprema; hay temas como el acceso a las altas Cortes, el periodo de los magistrados, requisitos para serlo, ampliación de edad de jubilación, facultad de nominación de las Cortes, etcétera. Pero no hay nada definido. 

- El Centro Democrático plantea reformar la Justicia Penal Militar y revisar los casos de militares condenados. ¿Eso es viable? 
Se ha hablado de temas puntuales, no de una gran reforma a la Justicia Penal Militar. Durante muchísimo tiempo en Colombia hemos utilizado un parámetro general: que a la justicia castrense solo van los casos relacionados directamente con las funciones de la Fuerza Pública, pero eso en la práctica tiene muchas zonas grises. En el fondo, la propuesta que hace el Centro Democrático es reflejo de una insatisfacción de cómo están repartidas las competencias entre la justicia penal militar y la justicia penal ordinaria. 

- Ahora que estamos en proceso de negociación con la guerrilla ¿el país está preparado para un perdón general, un ‘borrón y cuenta nueva’? 
Un perdón colectivo no existe, porque no hay una conciencia colectiva. El perdón es una situación individual, entonces cuando se habla simbólicamente de un perdón colectivo, lo que se hace es invitar a la gente a perdonar, pero eso afecta solo el ámbito interno de los individuos. Por eso es tan importante que todos nos comprometamos con la paz, porque ese perdón colectivo es la suma de todos los perdones individuales de los colombianos, y ese tiene que ser el aporte de todos al proceso de paz. En mi caso, ni conservo, ni alimento rencores específicamente en lo que tiene que ver con la muerte de mi padre, y mi invitación es a todos los colombianos a que hagan esa gran pequeña contribución a la paz. 

- Ahora que usted asumió el ministerio todos los medios hemos recordado a su padre. ¿No lo estamos revictimizando? 
No. No me siento revictimizado cuando hablo del tema, todo lo contrario: el hecho de haber conseguido una tranquilidad individual me tiene en absoluta libertad para hablar con la mayor tranquilidad. No tengo temas vedados para hablar y mucho menos ese. 

- ¿Cómo ve la justicia transicional para una eventual firma de paz con las FARC? 
La justicia transicional no es sinónimo de ausencia de justicia. Hay que tener en cuenta que la justicia penal no necesariamente significa penas privativas de la libertad. Entonces, cuando se aborde el tema de la justicia transicional hay que tener una amplia visión del concepto de justicia: justicia no es cárcel, justicia no derecho penal, justicia puede ser la justicia transicional, que es la que se suele utilizar en casos de graves violaciones a los Derechos Humanos o al Derecho Internacional Humanitario. 

- Pero la justicia transicional con los paramilitares dejó sabor a impunidad… 
El planteamiento es al revés: decir que hay que aplicar penas de cárcel de 40 ó 50 años o habrá impunidad, es una visión reducida del concepto de justicia. Puede haber penas privativas de la libertad que no sean tan grandes, pero que sean justas. Vuelvo al caso mío: por la muerte de mi padre nadie ha pagado un día de cárcel, porque quienes fueron vinculados a la toma del Palacio de Justicia, que en su momento fue el M-19, recibieron beneficios de amnistías e indultos. 

- ¿Hubo impunidad en la muerte de su padre? 
No, porque mecanismos como la amnistía y el indulto son de justicia. Esa es una forma de administrar justicia que no se opuso a la aplicación de penas privativas de la libertad. Por eso mi invitación es a salirnos de esa creencia generalizada de que justicia es igual a cárcel y concretamente a grandes penas privativas de la libertad. 

- ¿Qué puede esperarse de la presencia de las víctimas cara a cara en La Habana con las Farc? 
Las víctimas han empezado a ser más visibles, aunque siempre han sido importantes, porque finalmente el derecho penal lo que establece es la relación entre víctimas y victimarios. Lo que pasa es que en derecho penal el más insignificante delito supone la afectación a un derecho de la víctima y cuando eso sucede hay que poner en marcha todo el aparato judicial del Estado para resarcir la afectación. 

- ¿De qué manera piensa desactivar esa bomba de tiempo que es el hacinamiento carcelario? 
Es un tema que se debe manejar con tres variables. La más simple, construir más cárceles, tener más cupos y manejar las condiciones de los actuales. Pero hay otras dos variables muy importantes: una tiene que ver con las detenciones preventivas; tenemos un número muy alto en las cárceles. Y la pregunta que debemos hacernos es si estamos exagerando en la detención preventiva como forma de garantizar la presencia de los investigados en un juicio. El Código de Procedimiento Penal contempla soluciones alternativas. Si logramos reducir los casos a lo estrictamente necesario, dispondríamos de más cupos carcelarios. Y un tercer componente tiene que ver con la función del Congreso: en los últimos años hemos tenido tendencia a criminalizar muchos comportamientos o a aumentar las penas privativas de la libertad. Si uno logra impactar esas tres variables, se le puede dar un buen manejo al hacinamiento carcelario. 

- ¿Para esa segunda variable se necesita otra reforma al Código de Procedimiento Penal? 
No creo. El Código de Procedimiento Penal tiene muy limitados los casos para aplicar la privación de libertad. El tema es más cultural: sigue habiendo jueces y fiscales que recurren demasiado a esa figura. 

- La pasada reforma al Código aprobó la excarcelación de diez mil personas por delitos menores y el uso del brazalete electrónico, pero el hacinamiento sigue creciendo… 
Uno de los temas que va a revisar este ministerio es justamente dónde se han presentado fallas y cómo se puede corregir el mecanismo alternativo del brazalete electrónico.