miércoles, 14 de noviembre de 2012
El Consejo de Estado falló a favor del Estado en proceso en contra del antiguo Incora interpuesto por la familia Durango en 1960.
Se trata de una demanda de los hermanos Enrique, Luz Elena y Gloria Durango Sanín y Enrique Durango Valero, quienes reclaman al Incora un territorio de 1.926 kilómetros cuadrados, que según ellos le perteneció a su abuelo Mirócletes Durango en los años 30.
En este momento, en esas tierras antioqueñas habitan 150 mil habitantes en 11 municipios como Granada, Sonsón, El Peñol, Guatapé y Carmen de Viboral entre otros.
Según el ministro del Interior, Fernando Carrillo, en este fallo se invierte la regla de oro donde el Estado perdía todas las demandas. "El Estado era víctima de un cartel de abogados que buscaba ganar demandas millanarias".
En el mismo sentido, Adriana Guillén, directora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica, con esta decisión el valor de las demandas al Estado se reducen a 200 billones.
De acuerdo con la familia Durango, el Estado debía pagarles por los perjuicios que les causó que el Incora en su momento realizara un trámite de extinción de dominio de este territorio, lo que desencadenó en la ocupación y explotación de dicho territorio sin ningún titulo de propiedad.
Esta demanda fue interpuesta en 2003 en el Tribunal Administrativo de Antioquia, sin embargo, el Incora manifestó que aunque comenzó un proceso de sucesión de tierras de Mirocletes Durango, nunca hubo una sentencia aprobatoria para transferir los derechos de dominio a favor de sus hijos.
El Tribunal antioqueño, en 2009, falló contra la familia Durango al considerar que no se probó la propiedad de los predios, ni la explotación económica de los mismos, sin embargo desde esta fecha el caso pasó a manos del Consejo de Estado.
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