• Colprensa

martes, 29 de mayo de 2012

“No fueron las elecciones la determinantes ni para que se llevara a cabo el examen de esa contratación ni para que se formulara la respectiva denuncia”, dijo este martes el abogado Elmer José Montaña. Se trata da la persona que interpuso una denuncia penal y disciplinaria en contra del exgobernador del Valle, Juan Carlos Abadía por presuntas irregularidades en contratación.

La denuncia se interpuso tres días antes de las elecciones a la Gobernación del Valle del año pasado, que cobija también al entonces secretario de Salud, Héctor Fabio Useche, hoy gobernador suspendido, por la suscripción de manera directa de un contrato por $1.000 millones con la IPS Bolaños Ltda. para la realización de unas cirugías bariátricas (de reducción de peso).

En diligencia ante la Procuraduría en Bogotá, pero vía teleconferencia, Montaña señaló que el examen del contrato fue solicitado por el entonces Gobernador, Francisco José Lourido, quien le entregó la copia del contrato y todos los documentos que lo sustentaban.

De acuerdo con Montaña, en la Secretaría de Salud no había ningún registro de cómo se estaba ejecutando dicho contrato, de julio de 2009, como copias de los listados de personas atendidas, cobros o informes de la interventoría.

“Que se sabia quienes eran los pacientes, si era pobres o por sentencia de tutela”, dijo. Lo que sí obtuvo fueron copias de hojas de vida y facturas de los servicios pero en las instalaciones de la IPS Bolaños. El abogado Elmer José Montaña agregó que “Bolaños me entregó un paquete, me advirtió que iban historias clínicas amarradas y las facturas firmadas por los pacientes”.

Y según indicó, después de instaurar la denuncia, llamó a varios pacientes que le manifestaron que nunca habían firmado una factura para la realización del procedimiento. La defensa del suspendido gobernador Useche ha señalado durante todo el proceso que este caso tiene un trasfondo político por el día en que se realizó la denuncia y porque supuestamente Montaña lo que hizo fue sustraer la información de la ejecución del contrato.

“Los soportes sí se tenían, eso es lo que se está probando, que hubo desaparición de documentos”, dijo el abogado de Useche, Rubén Darío Henao al señalar que él entregó a la Procuraduría un documento que acredita que sí había esos registros.

Este lío habría comenzado desde la realización del dictamen técnico médico que realizó la encargada del team Janet Vélez Jaramillo y en el que no estaría especificado con claridad porque la propuesta de Bolaños era la mejor.

En pocas palabras, que no se consignó una evaluación de porque otras dependencias médicas no eran la mejor opción para contratar. La Procuraduría trata de determinar si hubo irregularidades al contratar directamente y no por licitación pública, hecho que refuta la defensa.

Vélez, ante la Procuraduría, declaró que sí se podía hacer de forma directa y que tomó como referencia la propuesta de Bolaños porque al menos dos hospitales no querían contratar con la Gobernación y porque la IPS Bolaños sí tenía la capacidad de asumir los riesgos postoperatorios que implican este tipo de cirugías.

No obstante, la mujer no supo responder por qué no hay un criterio en el informe técnico que indicara lo que sí dijo en la audiencia, así como la inexistencia de criterios para señalar que el 66 por ciento de la población del Valle del Cauca tenía obesidad y, además, era de bajos recursos.

Es decir, no se señala la existencia de un estudio realizado para determinar ese porcentaje por parte de Secretaría de Salud o alguna otra entidad calificada. Lo que sí dijo en reiteradas ocasiones Vélez es que su criterio como auditora médica le permitía establecer cuál era la mejor propuesta y cuál no. El próximo jueves continuará en Bogotá la recepción de testimonios por parte de la Procuraduría en la audiencia.