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  • Mateo Jaramillo

viernes, 9 de agosto de 2013

Esta semana la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia anuló el fallo que cerró el proceso adelantado en contra Samuel Shuster Bejman y Jorge Berrío Villarreal por sus presuntos vínculos con la organización de David Murcia Guzmán.

La corporación determinó que el Tribunal Superior de Cartagena avaló un argumento de vicio en el proceso, presentado por Villarreal, que no existía; y extendió los efectos del beneficio de nulidad a quienes no lo había pedido.

Además, consideró que el juez aprobó sin un análisis jurídico correcto las solicitudes de nulidad que presentaron los imputados en el proceso contra la incautadora ilegal de dinero DMG, al desconocer el material probatorio. La Corte, al estudiar el caso, determinó que no se procedió de acuerdo a la jurisprudencia nacional.

Por estas razones, consideró la acción de Tutela presentada por la Procuraduría General de la Nación y revocó el fallo del juez de Cartagena.

Caso Shuster y Berrio
Resulta que el 27 de octubre del año 2007 se dio un operativo de tránsito de la Policía en Pasacaballos, Bolívar. Agentes de la Seccional de Investigación Judicial (Sijin) detuvieron un bus que transportaba $1.800 millones provenientes de la organización DMG. Al parecer, este dinero tenía como destino la campaña electoral a la gobernación de Bolívar, del candidato Joaco Berrío Villarreal.

El informe de la Policía, que desconoció el Tribunal de Cartagena, dice que el dinero se lo dieron los pasajeros del bus a los policías en una confusión de los ocupantes. Cuando estaban deteniendo a quienes iban dentro del vehículo, Shuster y Berrío llegaron al lugar, también fueron detenidos. Así mismo, el documento hace constancia del intento de soborno por parte de los dos sindicados a los miembros de la Sijin.

La incautadora ilegal
David Murcia Guzmán abrió una empresa en Putumayo en el año 2003. Cinco años más tarde involucró a 200.000 inversionistas e inauguró sedes en Panamá, Venezuela y Ecuador, se convirtió en DMG Grupo Holding SA que, según sus fundadores, realizaba “mercadeo multinivel basado en publicidad persona a persona”.

En el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, el 15 de noviembre de 2008, esta empresa fue intervenida luego de que cayeran múltiples pirámides en el país.

Las autoridades fiscales, avaladas por el decreto 4334 de 2008, emitieron orden de captura contra Guzmán y otros 7 socios por captación ilegal de recursos, lavado de activos, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir. El 19 de noviembre fue arrestado en Panamá, hoy se encuentra en una celda de EE.UU.

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