El Concejo de Bogotá indicó que "han utilizado todo tipo de argucias jurídicas para negarse a entregar los parqueaderos a la ciudad, pero eso sí, llevan esos mismos 23 años explotando comercialmente los parqueaderos, donde ha tenido ingresos superiores a los $10.000 millones, pero solo pagaron algo menos de $60 millones en 1998".

La historia del no pagó inició en 1992, cuando Hernán Cortes, entonces director del IDRD, arrendó a Miguel Moreno los parqueaderos norte y sur de El Campín. Sin embargo, dos años después, encontró que Moreno incumplió las cláusulas y declaró así la caducidad del contrato.
 
Sin embargo, Moreno pidió al Tribunal Administrativo de Cundinamarca anular dicha resolución y presentó una tutela argumentando violación al debido proceso. Y con ello logró que el Distrito no lo expulsara del lugar hasta que el Tribunal decidiera sobre el caso.

Así las cosas, han transcurrido líos jurídicos que no han llevado a la consecución de una solución. Y por ello es que las entidades distritales piden celeridad en el caso.