lunes, 13 de agosto de 2012
Como muy grave calificó el procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, el anuncio sobre la inminencia de un cobro fijo en el recibo de la luz para todos los colombianos así no se consuma el servicio.
En entrevista con la Emisora de la Policía Nacional, Ordóñez aseguró: 'eso es muy grave. Pero desde luego voy a verificar si ya estamos haciendo los 2 acompañamientos del caso'.
El Jefe del Ministerio Público anunció que hará un acompañamiento preventivo sobre la decisión que tome en ese caso la
Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg). 'La Procuraduría en ejercicio de su función preventiva y como representante de la sociedad debe acudir antes de que se profieran las decisiones para recordar el deber, el marco legal y el interés general. Cualquier consejo que haga la Procuraduría debe responder a las realidades financieras y sociales', señaló. Referente al tema, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó que las empresas que suministran el servicio de gas natural a domicilio y la Comisión Reguladora de Energía y Gas (Creg) deberán dejar a los usuarios de ese servicio en libertad para escoger a la empresa que les haga la revisión y el mantenimiento de las redes.
Por eso, la Corporación ordenó a la Creg que cree una reglamentación para que los usuarios del Gas natural no tengan que acudir a su servicio de mantenimiento. También ordenó que se haga un informe para que los usuarios sepan qué empresas están acreditadas para ese fin.
De otro lado, el Ministerio Público manifestó su preocupación por el hecho de que los alcaldes de los municipios no han cumplido con los pagos de deudas a las EPS del régimen subsidiado. Según información de la Procuraduría, Ordóñez hizo un llamado urgente a los 484 alcaldes de los municipios que no han cumplido con la obligación establecida en el Decreto 1080 del 23 de mayo de 2012, por contratos de aseguramiento suscritos hasta marzo 31 de 2011. 'El plazo para que las autoridades territoriales determinaran el valor de los recursos adeudados venció el pasado 22 de junio y los respectivos pagos debieron efectuarse a más tardar el martes 24 de julio', establece el documento.
El Ministerio Público requirió a los alcaldes que aún no han cumplido esta obligación y les advirtió que el hecho de no cumplir con estos pagos constituye en falta disciplinaria.
'El Decreto 1080 de 2012 fue muy claro y preciso, pues fijó el procedimiento, plazo y actividades tendientes a lograr que las entidades territoriales sanearan la cartera con las Entidades Promotoras de Salud del Régimen Subsidiado, que para el momento de expedición del citado decreto ascendía a $1,9 billones de pesos'.
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