• María Paz Mejía Londoño

domingo, 22 de julio de 2012

En la pasada legislatura (2011-2012) fueron discutidas 31 iniciativas entre proyectos de ley y actos legislativos en materia de justicia, sin contar aquellos de asuntos penales; algo más que en la legislatura anterior cuando se discutieron 28. La unidad nacional y el impulso que desde el Ministerio del Justicia se le dio a varios proyectos ayudan a explicar el aumento de las iniciativas discutidas.

Sin embargo, al día de hoy, tan sólo  tres de esos proyectos se han convertido en ley de la república, diez fueron archivados, diez continúan en la próxima legislatura, uno fue objetado y otro está pendiente de la revisión automática por parte de la Corte Constitucional, por su carácter de ley estatutaria. Por último, dos están a la espera de la sanción presidencial.

De los tres proyectos que hoy son leyes, dos fueron de iniciativa gubernamental: el Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional y el Código General del Proceso; mientras que el Estatuto del Consumidor fue  propuesto por el Congreso.

Se espera que todo este trabajo legislativo repercuta en una mayor efectividad en la resolución de los conflictos.

Las  dos  iniciativas que están pendientes de ser sancionados por el Presidente para convertirse en leyes son: el proyecto de ley  “Por la cual se expide el Estatuto de Registro de Instrumentos Públicos y se dictan otras disposiciones” y aquel “Por la cual se establece un proceso especial para otorgar títulos de propiedad al poseedor material de bienes inmuebles y se dictan otras disposiciones”.

Por otro lado, el proyecto de la ley de transparencia y del derecho de acceso a la información pública nacional, cuyo texto conciliado fue aprobado el 19 y 20 de junio por las dos cámaras del Congreso, se encuentra a la espera  de la revisión por parte de la Corte Constitucional, exigida por la Constitución para las leyes estatutarias, antes de pasar a sanción presidencial.

Sin embargo, a pesar de las leyes aprobadas y de los numerosos proyectos debatidos, la Corporación Excelencia en la Justicia registró 10 proyectos que fueron archivados.

Esto resulta ser un número elevado si se compara con la legislatura 2010-2011, cuando solo fueron archivados 3. Lo más preocupante es que el 80% de ellos corrió esta suerte por cuenta del artículo 190 del reglamento del Congreso; en otras palabras, se archivaron porque no se les dio debate a tiempo.

El otro 20% restante fue archivado por voluntad expresa del Congreso que votó para que esto sucediera. Es decir, muchas iniciativas se dejaron de discutir porque la agenda estaba copada con otros debates.  

Dentro de estos  proyectos que murieron por falta de debate se destacan: el Régimen de insolvencia para personas naturales no comerciantes (aunque algunas de sus normas fueron incorporados en el Código General de Proceso), la reforma sobre la estipulación de las costas procesales, y el Código de ética y disciplinario del congresista. Cabe recordar que para que estos proyectos “revivan” es necesario que vuelvan a ser presentados.

Por último, no se puede hacer un balance legislativo sin hablar de la “reforma a la justicia”: un proyecto de acto legislativo que pretendió cambiar cerca de treinta artículos de la Constitución Política, que transcurrió por ocho debates en el Congreso, un sinnúmero de discusiones académicas,  y que luego, por excesos en la conciliación del texto final, fue objetado por el Presidente de la República y archivado por el mismo Congreso que lo aprobó. El desgaste de todas las instituciones que participaron en su debate fue grande. Desafortunadamente, a pesar del desprestigio en que quedó el Congreso y otras instituciones, se perdió una gran oportunidad de mejorar la justicia para todos los colombianos.

En fin, sólo el tiempo podrá definir el éxito de las normas aprobadas y lo que seguirá pasando con las reformas a la justicia colombiana. Por ahora, se espera que el nuevo Código General del Proceso y el Estatuto del Consumidor mejoren la prestación del servicio de justicia al que diariamente acuden gran cantidad de ciudadanos con la esperanza de que sus problemas sean resueltos.