MI SELECCIÓN DE NOTICIAS
Noticias personalizadas, de acuerdo a sus temas de interés
Agregue a sus temas de interés
A finales de noviembre de 2022, se sancionó la reforma tributaria impulsada por la Administración Petro, la cual buscaba inicialmente añadir al recaudo anual 1,7% del PIB ($25 billones) de 2023 en adelante. Pero tan solo estaría logrando 1,3% del PIB (unos $18 billones), tras los acostumbrados recortes realizados por el Congreso.
Guiados por errados cálculos de Garay y Espitia (2019), el Min-Ocampo recién llegado al cargo dio confusas señales de que dicha reforma buscaría incrementar el recaudo anual en cerca de 5% del PIB (unos $80 billones). Dichos autores han insistido (en su error) de que en Colombia aún las firmas formales no pagan casi impuestos y que, según ellos, ese era el monto relativamente “fácil de recaudar”, pues bastaría con corregir una serie de rubros que figuraban como exentos, especialmente en el sector minero-energético y financiero.
Pero la verdad está allí en cifras respaldadas por organismos multilaterales: en Colombia las firmas aportan 5,1% del PIB frente a tan solo 3% del PIB observado en el promedio de países Ocde; ¿Luego cómo pueden continuar repitiendo tal desfachatez?
Otro problema muy distinto es que los hogares de clase alta en Colombia (que son los que deben asumir impuestos de renta) tan solo aporten 1,2% del PIB frente a 8% del PIB observado en Ocde. Pero, aún con este dato, es equivocado concluir que clases altas en Colombia enfrentan una Tasa Efectiva de Tributación (TET) baja. En efecto, los estratos altos ya veníamos pagando una TET cercana al 28%, cifra superior al equivalente en Estados Unidos.
Más aún, al incluirse el impo-patrimonio vigente en Colombia, se añaden 3-4 puntos porcentuales a dicha TET. Luego el problema no es de tasas impositivas bajas, sino de gran debilidad institucional de la Dian para combatir a evasores; solo 5.000 colombianos pagaron dicho impo-patrimonio y aquellos que aportan más allá de las retenciones en la fuente no llegan a 1,5 millones (9% de la población activa).
La otra confusión conceptual que se ha continuado repitiendo, aún a manos del Mhcp, es que la TET de grandes firmas en Colombia era tan baja como un 25%, cuando en realidad esta era de 49% en 2019 (resultado de la Ley 1819 del 2016). En este cálculo debe incluirse en el numerador de dicha TET todos los pagos atendidos por las firmas: impuestos de renta corporativa nacionales, sobre-tasas, impuestos territoriales (ICA, prediales, regalías), a las transacciones financieras y obligaciones contributivas de seguridad social (actualmente representando 52% sobre la nómina).
El argumento del Mhcp resulta amañado al señalar que estos últimos componentes no deberían incluirse allí porque (supuestamente) los costos de estas porciones “son transferidas por las firmas a los consumidores” a través de elevar sus precios. Pero tal ardid no tiene ningún sustento empírico y, llevado al extremo, se concluiría con el absurdo de que los impuestos corporativos tan solo afectan a los consumidores finales; sin embargo, los fundamentos micro-económicos bien nos ha enseñado que todos los impuestos son distorsivos y su magnitud final dependerá de la elasticidad-precio de la demanda por los productos así afectados.
El cuadro adjunto ilustra cómo cerca de 50% de la nueva carga tributaria recaerá sobre las grandes firmas y, dentro de ellas, el grueso afectará a las del sector minero-energético (principalmente Ecopetrol). Ello no solo frena la competitividad internacional de un sector tan vital, en momentos en que se tiene una inflación energética del 18% a nivel global, sino que a nivel de recaudo (neto) esta cifra viene a restarse de los recursos de capital que le transfiere Ecopetrol-ISA a la Nación. Es decir, esos no son recursos fiscales adicionales, propiamente dichos.
El otro inconveniente que estará dejando esta reforma tributaria es que ha elevado la carga tributaria total sobre el sector petrolero de cerca de 36% hacia 64% (según cálculos de Fedesarrollo, 2022), haciéndolo menos competitivo. Y, en paralelo, el gobierno renuncia a analizar siquiera los grandes progresos que ha habido en optimización del uso de aguas en “fracking”. Aquí se aplica una doble moral: las utilidades provenientes del “fracking” usado en el “Permian-basin” de Estados Unidos bienvenidas, pero dichas técnicas se acaban de prohibir en Colombia (... lo cual le permite a Petro “lucirse” en Egipto).
Por último, está el delicado tema de alzas en el llamado “costo de uso del capital”, donde la Carf ha estimado que se estaría elevando de 11% a 19% como resultado de esas mayor carga tributaria empresarial y de alzas en las tasas de interés. Si bien esta cifra estaría regresando a niveles promedio históricos, es evidente que el “riesgo país” se ha elevado y el propio Wacc de los proyectos estaría exigiendo mayores retornos al capital extranjero para venir a Colombia (arriba de 12%). Estas decisiones de inversión afectarán negativamente a sectores claves como el minero-energético y financiero.
En síntesis, con todos estos negativos efectos, será muy difícil elevar el crecimiento potencial de Colombia hacia el deseado 4% anual respecto de 3% actual. Y, más difícil aún, será diversificar nuestras exportaciones, pues el costo de los insumos energéticos resultará más elevado respecto de un escenario con una macro mejor balanceada.
