La sociedad egoísta

En Colombia y Latinoamérica el problema social está asociado a un sistema de generación de bienestar precario e insuficiente. El indicador central de esta situación es el nivel de informalidad económica. En el estudio “Taxonomía de la informalidad en América Latina”, Fernández, Villar & Gómez (2018), los niveles de informalidad en esta región están cercanos o por encima de 50%. En Brasil, 45%; México, 58%; Perú, 73%; Chile, 46%; Argentina, 43%; y, particularmente en Colombia, el estudio la determina en 59%.

En Colombia desde principios de los 90 se viene deteriorando la calidad del empleo. En 1991, 25,3% de los trabajadores eran trabajadores por cuenta propia, cifra que pasó a ser de 43,6% para el año 2018 (Dane, 2021). El país, como todo Latinoamérica, le ha perdido la partida a la degradación del trabajo y a la informalidad. La realidad de la economía ha sido más tozuda que la pretensión de otorgar derechos que la realidad económica no ha podido soportar.

El proceso coincide en Colombia con la entrada en vigor de la nueva constitución. Es una constitución para los de “adentro del sistema” que en cada momento ha dejado en la realidad a más personas afuera de un sistema de generación de bienestar limitado. El salario mínimo es un marcador de frontera que año a año hemos profundizado insensatamente. Esto fue señalado por la Misión Empleo que entrego su informe esta semana. El ejercicio pertinente debe ser otro.

En términos de Piketty, el salario mínimo es un “clivaje político”, una línea divisoria que establece dos categorías sociales, los que tienen los derechos legales y los que viven en una sociedad paralela sin las garantías sociales del trabajo formal. “Political Cleavages and Social Inequalities in 50 Democracies”, Gethin, Martínez-Toledano & Piketty (2021).

En Colombia podríamos establecer un ingreso base de formalización por debajo del mínimo, desde el cual apliquemos los subsidios a las familias convirtiéndolos en un aporte a las nóminas en un nuevo esquema de formalización de la economía. El mecanismo que puede adoptarse podría ser un proceso como el que se lleva para incentivar el empleo juvenil, pero integrando el esquema de subsidios a las familias y aplicándolo a una estrategia de formalización de las empresas y del empleo. Se trataría de convertir las trasferencias y subsidios del gobierno en aportes del gobierno a las empresas para el empleo formal.

El caso de salud es particularmente importante. El gobierno está subsidiando el seguro de salud de la mitad de la población con un costo anual superior a los $26 billones. Convertirlo en un aporte a la nómina para los pagos a los trabajadores a partir de un porcentaje de ingresos por debajo del mínimo cambiaría la ecuación del costo de la formalización del trabajo.

En el caso de los aportes que el gobierno hace a Colpensiones, se puede articular un mecanismo semejante. Esos dineros pueden convertirse en los aportes a pensiones que tenemos ligados al salario convirtiéndolos en un aporte desde el estado asociado al empleo formal. En términos de caja llegarían las mismas cuantías, pero se ligarían a un proceso de formalización del empleo validándolos como el aporte de los trabajadores al sistema general de pensiones.

En términos sociales esta estrategia generaría un proceso de inclusión y movilidad social que nos permita superar el estado de “sociedad egoísta” en el que los articulados al sistema dentro de los esquemas formales actuales, cada vez profundizamos más la brecha de una sociedad dual en la que los desarticulados permanecen en la informalidad y el asistencialismo.

REFERENCIAS

DANE. (2021). Registro estadístico de relaciones laborales (RELAB). Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH). Bogotá D.C.

Fernández, C., Villar, L. & Gómez, N. (2018). Taxonomía de la informalidad en América Latina. Coyuntura Económica. 47(1 y 2). Junio-Diciembre, pp. 137-167. Fedesarrollo, Bogotá.

Gethin, A., Martínez-Toledano, C., & Piketty, T. (2021) Political Cleavages and Social Inequalities: A Study of Fifty Democracies. HARVARD UNIV PRESS.