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Partamos de la realidad jurídica, el Artículo 360 de nuestra Constitución consagra que: “La explotación de un recurso natural no renovable causará, a favor del Estado, una contraprestación económica a título de regalía”, esto implica que las actividades mineras y de hidrocarburos tienen autorización y protección constitucional, desconocer esta verdad, es atentar contra nuestro Estado Social de Derecho, ningún presidente de forma soberana puede prohibir estas actividades, a menos de que se dé una reforma a la carta política que no puede hacer unilateralmente.
Aclarado el aspecto jurídico, se debe analizar el impacto económico y las implicaciones de esta decisión. Si se prohíbe la exploración, se acaba la explotación de los recursos. Nadie explora por amor al conocimiento, sino con el ánimo de obtener un beneficio económico por lograr su extracción y comercialización.
Acabar de tajo la actividad de extracción petrolera, cómo lo ha mencionado el Ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, afectaría algo que puede representar un poco más de 50% de nuestras exportaciones y cerca de 40% de inversión extranjera directiva (IED) del país. Se calcula que la industria entre impuestos, regalías y los dividendos que aporta Ecopetrol aporta recursos cercanos a 4% del PIB y un ingreso fiscal anual alrededor de $28 billones, equivalentes a cerca de 18% de los ingresos de la Nación.
Cuando el Estado tiene una caída de ingresos de tal magnitud, solo se puede suplir de tres maneras: i) con un aumento de impuestos, equivalente a imponer un IVA generalizado en 19% y aumentar la base de contribuyentes en renta; ii) con un aumento en el endeudamiento, recordemos que estamos en niveles casi insostenibles de deuda, no sabemos si nos prestarían y a qué costo o; iii) reduciendo la inversión, para 2022 corresponde a $69 billones, perder cerca de 30% de esos recursos, implicaría terminar con programas sociales como ingreso solidario, los subsidios a los servicios públicos y la protección del adulto mayor entre otros.
Las entidades territoriales perderían una de sus mayores fuentes de ingresos que son las regalías, éstos pueden llegar a ser los mayores recursos de las regiones productoras y representan $1 de cada $3 de la inversión regional. Lo anterior, sin contar con que el sector, entre actividades y servicios relacionados, puede generar 120.000 empleos de buena calidad que se perderían, especialmente en esas regiones que tanto lo necesitan. La balanza comercial se vería impactada gravemente, el precio del dólar, que fija el costo de todos los productos que importamos, aumentaría en valores insospechados lo que dispararía la inflación.
Igualmente, perder la autosuficiencia petrolera, implicaría importar dos productos de primera necesidad; el gas, indispensable como servicio público y como combustible de transición energética, que según cifras aportadas por el ministro de Energía, Diego Mesa, podría incrementar su costo entre 5 y 6 veces y, la gasolina con lo cual se generaría otro efecto inflacionario, que afecta en mayor medida a las personas de menores recursos.
Para implementar transición energética, los minerales, el petróleo y el gas, son indispensables, no son excluyentes, son procesos que pueden desarrollarse de forma simultánea y sostenible, se ha creado un falso dilema que está poniendo en riesgo la seguridad energética del país. Por último, los cerca de 250.000 accionistas de Ecopetrol perderían la mayoría de sus recursos dado que el valor de esta, que hoy está cercano a los $110 billones, desaparecería en casi su totalidad.
En conclusión, sería un suicidio como Nación prohibir la exploración y consecuente explotación petrolera, acabaríamos con la inversión pública, perderíamos recursos para las regiones, aumentaría el desempleo, se dispararía el dólar, se desbordaría la inflación y se pondría en riesgo la seguridad energética.
