Valor agregado

Las características del marco normativo colombiano, sumadas a las propiedades geoclimáticas, hacen que el país goce de una auténtica ventaja competitiva de cara al mercado global de cannabis. Este hecho, que se volverá más relevante en la medida que la industria crezca y se generen modelos de escala más capaces en cuanto a costos, favorece el cultivo sostenible al aire libre, lo cual será una necesidad para materializar la mencionada ventaja.

Sin embargo, para consolidar al país como un sólido referente internacional con visión de largo plazo, dicha situación favorable también debe ser entendida a la luz de la generación de valor agregado. La geografía nacional no solo es privilegiada para los procesos agrícolas, es, especialmente, ideal para el intercambio comercial y las ventas hacia el exterior.

A manera de ejemplo, vale la pena referirse a los 3.189 kilómetros de litoral que tiene Colombia. Si se tiene en cuenta que el costo promedio del comercio internacional de los países sin acceso al mar puede llegar a ser entre 30% a 40% más alto, y que Colombia está dentro del exclusivo grupo de 21 países que cuentan con acceso a dos océanos, es evidente la posición favorable del país para ubicarse en las principales vitrinas extranjeras.

Por eso, y con la intención de que el cannabis rompa la dinámica que han tenido industrias tradicionales como las del café, el petróleo y las flores, en las que el modelo de negocio se ha establecido en torno a la comercialización de materias primas (commodities), es oportuno insistir en el enfoque del producto terminado que puede generar el sector.

Para esto, es fundamental que en Colombia el otorgamiento de registros sanitarios de productos farmacéuticos con cannabis pueda realizarse en tiempos más competitivos, tiempos que se ajusten a la dinámica del mercado. Actualmente, este proceso puede alcanzar los dos años y medio (30 meses) de trámite, mientras que en otros países de la región, como Brasil, se está haciendo en no más de tres meses.

Este contraste, que incide en que más de una empresa esté considerando desplazar su producción por fuera de Colombia, podría ajustarse si el Invima evalúa incorporar un mecanismo tipo fast-track o de ventanilla única para este tipo de fármacos. Así, a manera de referencia, Colombia pasaría de vender principios activos farmacéuticos (API), que por cada producto terminado cuestan entre US$2 y US$4, a vender referencias farmacéuticas registradas a precios que pueden alcanzar los US$70.

Por supuesto, no es tan sencillo. Esto implica respaldar al Invima para que pueda reforzar su estructura y para que sus equipos técnicos puedan enfrentar a cabalidad el desafío en materia de cannabis. Sin embargo, es una transformación que se justifica; los beneficios no son solo mayores márgenes de retorno para las empresas, son la materialización de todas las proyecciones que se han hecho en relación a la industria: empleos, tributación, exportaciones, desarrollo de zonas rurales, transferencia de conocimiento y, sobre todo, nuevas alternativas médicas para los pacientes.

Así las cosas, se está ante un punto de inflexión para poner a Colombia como protagonista de un renglón económico que va más allá de los bienes primarios. El valor añadido, el último eslabón de la cadena de producción, es la clave para hacer del cannabis un aliado de la reactivación del país.