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Tal vez una de las más importantes decisiones de política pública en materia económica que se ha tomado en los últimos años, consiste en la modificación al Sistema General del Regalías. La reforma constitucional y la posterior Ley que reglamentó su funcionamiento, establecieron cambios significativos a un modelo económico de explotación de los recursos naturales no renovables que estaba haciendo inviable su desarrollo y le había quitado licencia social a la industria extractiva en las áreas donde se desarrollaban proyectos.
En primer lugar, se determinó que las regiones productoras tuvieran una mayor participación en los ingresos producto de las regalías. Se aumentó de 11,2% a 25% las asignaciones directas. En segundo lugar, las denominadas asignaciones locales, dirigidas a las entidades territoriales con mayores necesidades básicas insatisfechas y de menor categoría se aumentan a 15%.
En tercer lugar, se generó una mayor descentralización y autonomía de las entidades territoriales al eliminar los Ocad municipales y departamentales, con esto se pretendió aumentar la agilidad en la ejecución de los recursos y evitar la injerencia del gobierno nacional en las decisiones locales. Igualmente, se fortalecieron las asignaciones de ciencia y tecnología y del Ocad paz, este último para acelerar la implementación de los acuerdos de paz, incluso permitiendo que se adelanten recursos de los próximos presupuestos de regalías. Adicionalmente, se permitió que con estos recursos se puedan estructurar los proyectos, se autorizó el uso de los saldos no comprometidos, así como efectuar un desahorro con el ánimo de impulsar la reactivación de las economías locales.
Todo suena muy bien, se trató de un gran esfuerzo en el que se trabajó en conjunto entre el ejecutivo y el legislativo para promover la reactivación económica que tanto se necesita después de la pandemia y para incentivar esta actividad que promueve la inversión del país, en especial en las zonas más apartadas. Pero al parecer este esfuerzo se esta quedando en el papel.
Las entidades territoriales claman por más recursos para atender sus necesidades, pero su nivel de ejecución es lamentable. De un presupuesto de regalías superior a los $33 billones, apenas se han comprometido $12,6 billones, un 38% cuentan con registro presupuestal $7,7 billones y se han pagado obras por $2,2 billones. No se han visto los proyectos regionales de alto impacto que tanto contribuirían al su desarrollo. No se está trabajando en la estructuración de grandes proyectos, se siguen aprobando y ejecutando proyecticos sin visión, sin el objetivo de generar empleo, sin romper brechas sociales y sin coordinar esfuerzos territoriales con los nacionales.
Las entidades territoriales tienen una altísima responsabilidad en el inconformismo de los ciudadanos porque no están atendiendo sus necesidades y están sub-ejecutando los recursos. Están esperando que el presupuesto nacional cubra sus deficiencias con recursos que no tiene, mientras sus arcas se engrosan cada día más.
El esfuerzo es de todos, la Nación en el año de peor desempeño de su economía, aumentó los recursos del sistema general de participaciones en más de 8,7% aún teniendo un déficit fiscal de 8,2%, le permitió a entidades territoriales redestinar recursos para atender la emergencia, aumentar su nivel de endeudamiento y utilizar recursos del Fonpet. Es hora de ver la inversión local y los recursos de regalías invertidos de manera ágil y eficaz. Es momento de trabajar en conjunto para lograr la reactivación que el país requiere.
Es necesario dejar de estigmatizar la actividad económica que tanto progreso y desarrollo genera, no se pueden prohibir algunas técnicas de explotación, no se pueden generar más restricciones sin evidencia científica, ni imponer mayores tributos a la actividad, se necesita exigir que esa riqueza temporal se traduzca en bienestar para las regiones.
