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La imaginación es la facultad que descubre las relaciones ocultas entre las cosas, decía Octavio Paz. Imaginemos preguntando. ¿La digital es la fuerza más poderosa de la civilización para transformar, liberar valor social, cultural y económico a la sociedad? Sí. ¿Se puede sostener un crecimiento digital con los marcos legales de una sociedad industrial? No.
El Estado lidera la transformación digital de la sociedad en un entorno geopolítico crítico. El presidente Biden presentó una iniciativa para financiar la conectividad a 20 millones de ciudadanos y otra para el desarrollo de tecnología digital, dando prioridad al desarrollo de la industria de chips. El viernes, presentó una instrucción a los órganos reguladores para generar más competencia, precios bajos y más innovación. En China, la política de Inteligencia Artificial es política de Estado. Quiere ser líder tecnológico global en 2030. Europa autorizó 170.000 millones de euros para digitalizar ciudadanos, Pyme y administraciones públicas. Estamos frente al mayor esfuerzo jamás visto en la historia para digitalizar nuestra sociedad, desde el Estado.
Lo digital, un derecho. “La capacidad de estar conectados a la red debería ser un derecho humano”: Nicholas Negroponte.
En 2012, la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas lo reconoció así. Desde entonces, decenas de países lo han integrado a sus estatutos constitucionales. Habilitas un derecho y habilitas todos en el mundo digital. Movilidad, salud, educación, seguridad, los derechos humanos se vuelven derechos digitales.
Nueva política pública, la digital. El cómputo procesa la vida. Telecom y TIC construyen una sociedad digital, crean modelos de negocio y de política pública. “Todo lo que pueda ser digital, será digital”: Dave Gray, incluida la política pública. Nace la política digital.
El dilema. Si vivimos en un nuevo mundo de derechos digitales, ¿porque ciudades y países hacen mala regulación digital? Barcelona solicitó a Uber llegar 15 minutos tarde a los llamados en su plataforma digital. En Colombia, el órgano de competencia solicitó la expulsión de Uber de Internet, y la Superintendencia de Transporte instruyó a 18 ciudades capitales y 13 municipios para que investiguen y sancionen a personas que prestan servicio de “transporte público en vehículos particulares”, es decir, Uber y DiDi.
¿Por qué en Reino Unido el Tribunal Supremo estableció que los conductores de plataformas digitales son trabajadores con derecho a acogerse a la legislación laboral?.
México y Brasil han intentado torpemente regular a las plataformas digitales en materia de libertad de expresión.
Queremos conectar, transformar digitalmente, habilitar los derechos de salud, educación, movilidad, libertad de expresión y desarrollar la economía. Por la otra, sobreestimamos el viejo derecho laboral, hijo de la revolución industrial y se busca limitar la libertad de expresión. ¿Para qué queremos un mundo digital con leyes que regulan el pasado y matan la innovación? Ya se destruye a la industria telecom y ahora van por la digital.
En pandemia, Workana, la plataforma de trabajo remoto, llegó a 3,2 millones de freelancers en América Latina. Según Cepal y BID, en 2020 el número de repartidores y choferes de plataformas digitales aumentó 80%. El aumento fue entre trabajadores informales y desempleados.
El ciudadano digital reclama su derecho para elegir lugar, hora de trabajo e ingresos, en una economía colaborativa, digital y disruptiva.
El antídoto a la suspicacia son nuevas leyes y política digital, porque la sociedad industrial y el nacimiento de una civilización digital ya están en choque.
