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Una consecuencia del covid-19 ha sido la profundización de la digitalización y el fortalecimiento del uso de nuevas tecnologías que reconfiguraron las necesidades del consumidor y la forma de administrar un negocio. De manera particular, el comercio electrónico se disparó y, como consecuencia, surgieron un sinnúmero de nuevas dinámicas, comportamientos, y aprendizajes.
En efecto, en 2020 los hábitos de comercialización tuvieron una marcada diferencia en comparación con el panorama anterior a la crisis, a partir de la cual, se produjo un aumento en el gasto del comercio electrónico de 10% a 16% en América Latina, según el Global Outlook 2021 Report del Mastercard Economics Institute. Con base en este estudio, se espera que entre 20% y 30% del aumento relacionado con el covid-19 sea permanente en la región.
Las oportunidades que trae la digitalización de la economía son inmensas en términos de crecimiento inclusivo y sostenible, en innovación, productividad y aumento del bienestar en general.
Sin embargo, la digitalización reflejada en el e-commerce internacional, impone también retos de políticas públicas como, por ejemplo, el abordaje de las dimensiones tributarias.
De ahí que sea una trascendental noticia que la nueva Secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, haya comunicado a sus colegas del G-20, el cambio de posición de su país en relación con las negociaciones para unas reglas globales de tributación de servicios digitales, en el marco de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde).
La nueva posición de Estados Unidos destraba las negociaciones estancadas desde 2019 y refleja el cambio de enfoque del Gobierno Biden con relación a los organismos multilaterales.
Según la misma Ocde, “la falta de una solución consensuada podría dar lugar a la proliferación de impuestos unilaterales sobre servicios digitales y un aumento de litigios nocivos en materia comercial y tributaria, que menoscabarían la certidumbre fiscal y la inversión”.
El organismo calcula que una guerra comercial desatada por este tema podría llevar a disminuir el PIB mundial en más de 1% al año, lo cual, sumado a los efectos de la pandemia, sería catastrófico.
Así las cosas, es imperativo priorizar el enfoque global coordinado sobre medidas unilaterales.
Afortunadamente, el hecho de que Colombia ahora sea miembro de pleno derecho de la Ocde nos pone en posición privilegiada para influir con voz y voto en esta trascendental negociación.
Exige también ser coherentes en lo doméstico con dicha aproximación: Como nos lo ha mostrado la crisis del covid-19, los problemas multilaterales requieren soluciones multilaterales.
