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La solución a las necesidades de vivienda de las familias vulnerables sigue siendo un reto para los gobiernos, no todo es entregar casas gratis.
El viviendismo, como se le dice a la entrega de viviendas gratuitas a las familias más vulnerables en Chile o ‘Mi Casa, Mi Vida’, como se llamó el programa pionero de vivienda social en el Brasil de Lula, llega en nuestro país a la histórica cifra de 100.000 viviendas gratuitas entregadas durante las administraciones de Santos, bajo la tutela del vicepresidente, Germán Vargas Lleras y del ministro de Vivienda, Luis Felipe Henao. Los eficientes funcionarios, cargados de una envidiable decisión política, hicieron historia en las políticas públicas de vivienda social y ahora emprenden una segunda fase que seguramente superará los logros alcanzados hasta ahora.
Pero todo tiene un pero, y este es muy grande, que debe tenerse en cuenta si se quiere que el bien intencionado programa social tenga un verdadero éxito en las comunidades donde se realizó. Tanto en Chile como en Brasil, los problemas de adaptación de las personas beneficiadas a la vida en edificios de propiedad horizontal, con normas establecidas y códigos tácitos, no ha sido fácil y ha degenerado en problemas peores que ya se empiezan a ver en algunos de los barrios entregados por el Gobierno Nacional. Para hacer este llamado de atención, bien podemos decir que hay que revisar lo que pasó con este tipo de soluciones en los EE.UU. de la posguerra.
Hasta pocos años después de terminada la Segunda Guerra Mundial, la mayoría de los afroamericanos vivía en la mayoría de los estados del sur y poco a poco fueron emigrando al norte y al medio oeste, al tiempo que las clases medias se iban de los centros urbanos a la periferia de las grandes ciudades. El caso más emblemático que ilustra lo que pasó con los proyectos de casas gratuitas ocurrió en el gran proyecto de urbanismo social conocido como Pruitt-Igoe, construido en 1955 en San Luis, Missouri, donde se intentó realojar a la población urbana menos favorecida. 20 años después de entregar esas casas gratis y de haberse convertido en una zona de violencia y de conflicto social, los 33 edificios fueron implosionados. Hoy hay escuelas públicas, universidades y zonas verdes.
El caso es uno de los de estudio por quienes se dedican a la arquitectura social y a las políticas públicas de vivienda. Fue una situación bien intencionada que terminó mal porque las personas beneficiadas no tenían acompañamiento de las autoridades locales. El Ministerio de Vivienda debe trabajar con las cajas de compensación, las alcaldías y las juntas de acción comunal para que las personas -una vez tengan habitación- consigan un trabajo y sepan vivir en comunidad, limpiar las zonas comunes, garantizar la seguridad de los niños y convivir con vecinos dispares. El reto es inmenso, no todo termina cuando una persona tiene un techo donde vivir, ese es solo el comienzo de una vida en sociedad con futuro.
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