S.O.S. por la economía de frontera con Venezuela

Cuando el Gobierno de Venezuela decidió cerrar la frontera con Colombia, en agosto pasado, la conciencia fue general acerca del daño social y económico que produciría la irracional medida en ambos lados, pues como ocurre en cualquier parte del mundo, las áreas limítrofes se mueven con una dinámica especial en la que el escenario es natural y hay una gran confianza entre sus habitantes. Eso lleva, por ejemplo, a que las transacciones comerciales se hagan sin trauma alguno en las monedas de los países involucrados y al cerrar el tránsito de bienes, servicios y personas, no se requiere mucho estudio para comprobar el daño causado.

Tomada la medida por el presidente Nicolás Maduro, alegando la inseguridad y el creciente contrabando en la zona, las autoridades y distintos gremios colombianos hicieron un gran despliegue mediático para atender a los damnificados, lo cual hay que reconocer que fue hecho con prestancia y solidaridad para bien de los nacionales expulsados injustamente y quienes de un momento a otro lo perdieron todo. Sin embargo, la problemática va mucho más allá, como lo demuestran los datos publicados por las mismas fuentes oficiales: la inflación y el desempleo, que afectan en particular a Cúcuta, capital de la zona, son señales de alerta muy graves. En el primer indicador, la ciudad fue la más alta del país en enero con un aumento casi desbordado en los precios de los productos básicos de la canasta y en desempleo, tiene la segunda cifra más alta solo superada por Quibdó que cuenta con una tasa de desocupación por encima de 15%. Según información local, hay un aumento muy grande del llamado rebusque y la informalidad y ha aumentando la indigencia y la inseguridad callejera. Se estima que por lo menos 8.000 familias residen en ranchos miserables de invasiones que irónicamente tienen nombres como la Fortaleza, Nueva Ilusión, Nueva Esperanza y Paz y Futuro, que aunque no aparecieron ahora, si han crecido con los damnificados. Para completar el cuadro, la región registra el más alto índice de zika del país, atribuido en buena parte al desplazamiento de afectados venezolanos que recurren a Cúcuta por atención ante la escasez de medicamentos en su país.

Por el golpe sufrido con el cierre fronterizo, el sector empresarial de la región no tiene capacidad de respuesta: el comercio se ha resentido en una gran forma, las explotaciones de carbón están trabajando a media marcha en el mejor de los casos y han debido licenciar más de 2.000 trabajadores en el último año y cerca de 30 empresas de transporte han cerrado por imposibilidad de operar. 

Las autoridades centrales deben dar prioridad a la situación de la frontera con Venezuela, desde la Guajira hasta Arauca, no solo con la necesaria atención de emergencia que se traduce en subsidios y ayudas temporales, sino en un plan más allá de la coyuntura y que incluya acciones en distintos frentes con acciones de corto y mediano plazo. El sector privado y la clase política deben jugar un papel importante en este proceso y dejar de lado la indiferencia frente a un problema que incumbe a todos.