Por un debate presupuestal responsable y ambicioso

Planear el futuro en el corto plazo, es quizá la mejor definición de lo que es elaborar un presupuesto, como el instrumento central de operaciones, una especie de carta de navegación, que evidentemente está sujeta a los cambios que ocurran en su ruta y que muchas veces son difíciles de prever. Esto es válido en caso de las empresas, los gobiernos y entidades públicas. En cualquiera de ellos, la trascendencia del asunto es tal, que luego de largas discusiones es la junta directiva quién lo aprueba y en caso público esas funciones las ejerce el Congreso.

Contrario a lo que ocurre en otras latitudes, en Colombia la discusión del proyecto de presupuesto en el legislativo, es superficial lo cual no se compadece con la importancia del asunto y más bien se ha reducido a un proceso de negociación entre el Gobierno y los congresistas acerca de las partidas para las distintas regiones y de los proyectos específicos de interés de cada una de las bancadas. Poco o nada que ver con el criterio macro que debe sustentar la proyección de los rubros de rentas y gastos, de manera que se evite al máximo los ajustes que terminan desvirtualmente el concepto de planeación que debe inspirar las acciones del Estado.

Siguiendo el trámite legal, el Congreso acaba de aprobar el monto del presupuesto para 2017, cuya suma asciende a $224,4 billones, cifra que implica una reducción de 6,6% frente al proyecto inicial de este año, pero que no incluye los recortes anunciados por el Ministerio de Hacienda, para compensar la caída de los ingresos por petróleo.

Un solo ejemplo lo dice todo. Un día después del plebiscito, esto es el 2 de octubre, vence el plazo legal que tiene el Gobierno para presentar el presupuesto bianual de regalías para los años 2017 y 2018, lo que sin duda generará controversia por cuanto habrá una reducción significativa por la caída de los precios del crudo, carbón y la reducción drástica de la producción de petróleo en el país que ya ronda los 850.000 barriles. El último presupuesto fue de $215,9  billones para 2016 pero fue calculado con un precio de US$64,6 por barril y hoy el precio es menos de US$50, con lo que los recursos deberían bajar en una proporción similar. Sin embargo, ya se está planteando la opción de echar mano de los recursos ahorrados en el Fondo de Ahorro y Estabilización por $10 billones, lo cual debe evaluarse, atendiendo las sugerencias de la Contraloría, en el sentido que los recursos que reciben las regiones por regalías dejan mucho que desear en cuanto asignación eficiente que estimulen el desarrollo local.

Aunque hizo bien el ministro de Hacienda al no aceptar la aprobación del monto del presupuesto a la presentación de un proyecto adicional con los recursos esperados de la nueva reforma tributaria, quedó tácitamente aceptado que una vez se apruebe esa reforma que venir otra discusión sobre la distribución de los recursos a través de una ley de traslados y ajustes presupuestales, lo que desvirtúa el monto aprobado ahora y manda una mala señal sobre el destino de la plata que un gran esfuerzo pagarán de más los colombianos por la reforma.