Más coherencia en las ideas de la transición

La transición energética no puede ser una moda de la que todos los gobiernos hablen, pero a la que pocos o ninguno le hayan echado los verdaderos números. El exministro de Hacienda Mauricio Cárdenas, hoy profesor de la Universidad de Columbia en Nueva York, habla de que el costo anual de pasar de los combustibles fósiles a fuentes de energía renovables, más limpias con el ambiente, puede ascender máximo a 10% del PIB cada año, es decir, unos US$30.000 millones, lo que no es distinto a dos o tres reformas tributarias tradicionales. Es decir, los colombianos seguirán siendo atormentados por un rosario de reformas tributarias (búsqueda intensa de nuevos ingresos) por los próximos 20, 30, 40 años o medio siglo en adelante. Seguro algún ingenioso ministro de Hacienda de los años venideros se invente una sobretasa que obligue a alguna actividad económica a financiar las costosas obras e inversiones que se necesitan o requieren para saltar del uso de los derivados de petróleo, como la gasolina y el diésel, y moverse a partir de recursos verdes como el agua, el sol o el viento. Hay acuerdo generalizado de que el combustible de la transición es el gas, que es contaminante en menores proporciones, pero igual comparte métodos extractivos similares a los utilizados por el petróleo y el carbón. Nadie ha contabilizado lo que le representa a las finanzas nacionales gradualizar o menguar la producción o extracción de petróleo, carbón y gas, en aras de meterse a la carrera global e ineludible de la transición energética, una suerte de mantra que se repite sin preguntar ni renegar por sus dogmas de fe y que busca frenar el calentamiento del planeta atacando las fuentes energéticas más contaminadoras. Lo más curioso es que los sectores más demandantes de energía, menos conscientes, con enormes huellas carbónicas, pero necesarios para el día a día, han sido muy poco impactados por nuevas formas de producir, como son el agro y la ganadería, que en el grueso de su actividad siguen usando agua a voluntad, deforestando y contaminando en sus usos productivos como si vivieran en el siglo XX. La transición energética es un cambio cultural, de producción y de verdadera consciencia social, a la que hay que echarle números exactos; por ejemplo, cuánto le cuesta a una persona dejar su carro de gasolina y pasarse a uno eléctrico, o mejor aún, cuánto le cuesta al país traer al siglo XXI a casi tres millones de familias que aún cocinan con leña, no solo en la ruralidad, sino en los cordones de miseria de las grandes ciudades. Poner a andar la idea de la transición energética sin detallar en el costo para las exportaciones, los impuestos y la inversión extranjera, es enfocarse en el discurso que vende y consigue votos, pero no en actuar como un ejecutor de recursos públicos. El Ministerio de Energía está obligado a mostrar las cifras reales para los próximos 45 meses de la transición, y más aún, sentarse con la cartera de Hacienda para identificar de dónde saldrá la plata con la que se remplazará la que se evaporará con la ralentización de la actividad minera y su participación en la economía colombiana. Lanzar las campanas al vuelo anunciando que Colombia tiene una matriz limpia y que acelerará la transición energética eliminando de su matriz el petróleo, gas y carbón, debe estar sustentado por números que muestren el impacto en las finanzas del mismo Gobierno.