Los recursos no son infinitos

En el país ha hecho carrera una idea dañina: que los recursos públicos son infinitos y con ellos hay que cubrir todas las obligaciones sociales. Esta ha sido una máxima que inspira a todos los sectores, pudientes y no pudientes, alimentada muchas veces por el mismo Gobierno y la dirigencia política que la utilizan para fines ligados más a la obtención de réditos políticos que con un criterio sano de estado, sin importar situaciones coyunturales o especiales, como la que ha comenzado a vivir el país por el deterioro de cuentas por razones ya conocidas.

Desafortunadamente, nadie escapa a esa práctica. No se tiene un criterio serio y una concepción clara de lo que significa el desarrollo, el plan, pieza fundamental, se convierte en una colcha de retazos en la que todos, incluyendo legislativo y ejecutivo, introducen cambios increíbles, ligados a asignar recursos, sin importar su fuentes sostenibles y coherentes presupuestalmente. Ejemplos pululan: sobretasa a las tarifas de parqueaderos, sobretarifa al agua potable o aumento de las tasas prediales. La realidad es tan deprimente que nadie ha hecho la evaluación de lo que significa.

Pero el asunto no para ahí. El Congreso se evalúa en función de las leyes y nadie hace alusión alguna de lo que significan muchas de ellas en términos de recursos que se deben apropiar, incluyendo temas que parecen inocuos como la celebración de la fundación de una ciudad, motivo que automáticamente implica partidas para hacer obras con motivo del cumpleaños. El Gobierno, no solo de ahora, ha patrocinado la fiesta presupuestal de distintas formas, al punto que se ha caído en la práctica de que la mejor manera de obtener un subsidio o una ayuda estatal es la amenaza de una protesta o un paro. Lo han demostrado campesinos, agricultores grandes y pequeños, transportadores, jueces, maestros y con seguridad hay otros que tienen ese propósito en la mente, porque les resulta rentable “chantajear” al Estado.

La reflexión debe ser una práctica de comportamiento de todos, no solo por lo que significa una parálisis, sino por lo que fiscalmente implica en un momento como el actual, cálculo que nadie ha hecho. Y a lo mejor esa debe ser una tarea del encargado de las finanzas. Por encima, el Gobierno debe dar ejemplo y mostrar el terreno que se está pisando en materia fiscal y evitar salidas desafortunadas de pedirle a los alcaldes y gobernadores que gasten rápido la plata antes que comiencen a regir las normas que limitan la contratación preelectoral. 

El ejemplo está en reclamar austeridad y eficiencia en el gasto público. Lo mismo se puede aplicar a programas necesarios pero que deben ajustarse al presupuesto, como casas gratis, familias en acción y subsidios sectoriales, entre otros.