Cobrar los impuestos y cazar a los evasores son tareas de la Dian, pero también conciliar con algunos morosos
Pocas instituciones colombianas han ganado tanto prestigio, respeto y efectividad como la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, Dian, en manos de Juan Ricardo Ortega. Un funcionario técnico, poco político y probo economista, quien ha llevado a otro estado de desarrollo a la entidad que tiene la tarea de cobrar los tributos, cruzar bases de datos para cazar evasores, coordinar las aduanas, y sobre todo, hacer que los impuestos lleguen a las arcas nacionales de tal manera que se reduzca la evasión a sus mínimos. No es una tarea fácil en un país en el que existe la disculpa o la justificación generalizada de que para qué se pagan impuestos, si todo se lo roba la corrupción.
Una creencia difícil de disipar, pues los montos que se lleva la corrupción son, en algunos casos, más altos que los del recaudo tributario que ascienden a los $100 billones de pesos, según los últimos datos de la vigencia fiscal. La meta para este año -que en pocas semanas emprenderá el segundo semestre- es que el monto superará los $108 billones, una cifra histórica que será difícil de lograr. La última reforma tributaria aprobada en diciembre pasado y puesta en marcha este mes no tuvo una función de aumento de recaudos, era más bien de ampliación de la base tributaria y organización mínima de la colcha de retazos en que se ha convertido a través de los años nuestro sistema tributaria que requiere una verdadera reforma estructural.
La evasión sigue siendo un dolor de cabeza por la poca cultura de pago de impuestos que existe en Colombia y la baja efectividad del Gobierno Nacional para transformar tributos en obras de infraestructura o sociales, de tal manera que la gente vea materializados sus aportes. También existen problemas más complejos como las graves denuncias sobre la creciente evasión de las multinacionales mineras que siguen creyendo que las regalías son un impuesto; ese no es el único reto, sobreviven componendas corruptas al interior de la Dian, y lo peor, actos criminales en contra de los funcionarios, todo un coctel judicial de muy difícil manejo.
En este contexto surgen los procesos de conciliación con morosos, evasores o elusores, una política de zanahoria más que garrote al interior de una entidad que poco a poco construye el respeto perdido en la cabeza de anteriores directores. Bien cae el programa para recuperar más de billón y medio de pesos en este plan que acerca a los empresarios a los pagos con la entidad. El programa es simple: se paga la totalidad del impuesto consagrado y se condona hasta 80% de los intereses causado por las demoras. Ojalá muchos empresarios que están bajo la lupa en la Dian vean esta oportunidad de clarificar su situación, al tiempo que la oficina de recaudación podrá zanjar diferencias y caminar hacia su meta.
