La minería o la economía desamparada

La semana pasada fueron las comunidades de Pijao y Arbeláez. En los próximos meses se les unirán más pueblos dispersos por toda la geografía colombiana. Cada vez, con mayor frecuencia, miles de pobladores, especialmente rurales, se unen a una sola voz que dice “sí al agua, no a las minas”. Un estribillo de fácil venta en tiempos de postverdad y próximas elecciones, porque nadie sensato quiere carbón, petróleo, cemento u oro, en lugar de agua, ríos, pájaros o árboles. Pero en esa tensión de verdades a medias está cayendo más de la mitad del país que ha terminado en la trampa de escoger una u otra situación como si fuera un imperativo, donde no existen caminos a medias y debamos tomar decisiones en caliente sin términos medios. Solo nos ponen a escoger entre agua y minas y no se brinda la posibilidad de hacer una explotación sostenible, tal como ha sucedido en otros países, en donde se han desarrollado sociedades que han alcanzado bienestar por una explotación responsable. Eso ha sucedido durante todas las etapas de la historia de la humanidad: pueblos enteros que han convivido con las explotaciones mineras sin mayores traumas.
Casi todos los que le han dicho no a la explotación de carbón, oro, cemento o petróleo en sus regiones, lo han hecho sin mayores elementos de discusión económica y motivados por el agite de líderes que repiten verdades a medias, sin que nadie les aclare a sus electores sobre los beneficios de la minería para las arcas estatales. La minería per se no es mala, si se sabe manejar con responsabilidad su impacto y las grandes empresas dedicadas a la explotación logran devolverle a los dueños los daños que hacen sus operaciones. Hay docenas de ejemplos en países desarrollados en donde han logrado convivir las comunidades con explotaciones sostenibles y responsables. Hacer buena minería es cuestión de instituciones fuertes que obliguen a los responsables a tener buenas prácticas que aminoren los impactos. Lo más fácil es decirle no a la explotación actual y dejarle la extracción a las generaciones futuras. El problema al que nos enfrentamos es que la minería esta desamparada, no hay quien la defienda, ni los gremios, ni los ministerios, ni mucho menos los gobiernos locales y regionales, que necesitan explicar bien los beneficios de una economía extractiva bien ejecutada, con responsabilidad social y ambiental. Nadie le ha explicado a los pobladores de Cajamarca, Pijao o Arbeláez, entre otros que le dijeron no a las minas y el petróleo, cómo funcionan las regalías o el impacto social de las buenas prácticas. No hay nada peor que una minería informal, que es la gran beneficiada de estas consultas populares que eligen entre el agua y las minas. Una decisión racional que no tiene opciones pues la misma pregunta está envenenada.

Según ACM, el sector minero aporta $1,55 billones en regalías, genera más de un millón de empleos y le representa a la economía casi 2% del PIB. Claro que es una actividad proscrita en tiempos de sensibilidad ambiental, pero no le se puede condenar sin que haya quien la defienda con tesis bien sustentadas. Los colombianos deben parar ese efecto dominó de consultas absurdas en las que ponen a escoger a la gente entre un mal y un bien y las autoridades ni los gremios son capaces de sensibilizar sobre su trabajo ancestral. No podemos olvidar que esos recursos están allí y que alguien en algún momento en el futuro los extraerá y generará el bienestar negado a las generaciones actuales.