La protesta social está enmarcada en un tiempo claramente preelectoral donde hay muchos oportunismos políticos
Los mineros informales de por lo menos ocho departamentos decidieron entrar en paro desde esta semana y luego negociar con el Gobierno. Alegan que llevan 20 años buscando que se formalice su actividad, se les de asistencia técnica, crédito y seguridad social, y que como respuesta se expidió el año pasado un decreto que autoriza a la fuerza pública para destruir maquinaria de mineros sin título, registro o licencia ambiental.
Los campesinos de la región del Catatumbo llevan más de 30 días de protesta con las vías bloqueadas y manifestaciones violentas, sin que se llegue a un acuerdo con el Gobierno, cuyos delegados pierden credibilidad y el ejecutivo premia al vicepresidente Garzón, luego que este descalifica demagógicamente al Ministro de Hacienda porque dizque “no se unta de pueblo”. Los cafeteros, seguidores de Dignidad Cafetera, el ganador de la confrontación pasada por el mismo proceder, decidieron nuevamente convocar a un paro para el 19 de agosto, que se ha llamado “agrario nacional” pues se ha extendido a otros sectores como el arroz, la panela, el cacao y seguramente los transportadores de carga.
Y la semana pasada se levantó una protesta en Guapí, Cauca, tercer puerto en el Pacífico, porque la comunidad había pedido desde hace dos décadas la pavimentación de la vía que va del hospital al aeropuerto (dos kilómetros) y no lo ha logrado. Ahora, solo con el paro se logró una promesa del Gobierno para solucionar el problema. Voceros del Gobierno y algunos analistas han dicho que la protesta en Catatumbo está infiltrada por la guerrilla, pues es una presión para ampliar el esquema de reservas agrarias, que el paro agrario de agosto tiene una dosis de oportunismo de grupos de izquierda y de derecha, y seguramente sobre el conflicto minero se dirá que las bandas criminales están detrás de la protesta.
Este no parece un adecuado momento de debatir la veracidad de las afirmaciones oficiales, así haya que reconocer que tienen al menos razón en parte, como tampoco debería ser la función de los empleados públicos justificar los pedidos sociales como un pliego con intereses políticos.
No solo es un error la acción estatal de actuar caso por caso, sino que esa sí resta credibilidad a la acción oficial y brinda la oportunidad para que se impongan el oportunismo que aprovecha la desesperación oficial de encontrar una solución, porque los funcionarios están siendo requeridos en otra parte.
Así como no creemos en el modelo “redentor” del vicepresidente Garzón, que solo habilita nuevas protestas y genera divisiones al interior del Gobierno, es imperante que el ejecutivo tome ya el problema como un asunto cuyas implicaciones no son aisladas, sino que afecta a todo el bienestar de todo el país. Esto es, como una acción del Estado.
