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EDITORIAL Hay que cambiar el modelo de contratación
martes, 26 de julio de 2016
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La Contraloría acaba de volver a comprobar lo que todos saben: la corrupción le está le está arrebatando la comida de la boca a los niños

 

Hace solo unos meses, por la valentía de una maestra de escuela en un pueblo de la Costa, se destapó uno de los más inhumanos episodios de corrupción en el país: un contratista manipulaba la información para engañar que entregaba a los niños las raciones diarias a las que se había comprometido por contrato. La foto de la docente certificó que no era cierto y así se conoció lo que era una práctica general en muchas zonas del país. ¿Y qué pasó? La verdad nada importante. Los funcionarios de primera línea del gobierno lanzaron reclamos públicos, pero finalmente, los políticos regionales lograron que el gobierno nacional les girara más plata y se olvidó el asunto.

Ahora, la Contraloría General de la República acaba de volver a comprobar lo que todos saben: la corrupción le está le está arrebatando la comida de la boca a los niños del departamento de la Guajira, el caso más lamentable de la situación, aunque no es el único. Y es el más dramático porque en lo corrido del año han muerto 41 niños por desnutrición, 80 en los últimos 18 meses.

Y el sainete político al que está sometido el esquema de manejo produce rabia. Un gobernador encargado ha decidido acertadamente entregarle a la arquidiócesis el Programa de Alimentación Escolar (PAE), pero no puede adelantar contrato alguno, hasta tanto la asamblea departamental no apruebe la delegación y si no se logra ese visto bueno, los niños no tendrán raciones en cuatro días.

El documento del organismo de control muestra casos aberrantes, como que los contratistas de la Gobernación de La Guajira para los dos últimos años son las mismas ONGs cuestionadas por su gestión, ahora se han asociado en diferentes empresas para apoderarse de la contratación. Hay retrasos en la ejecución de los programas y fallas en la vigilancia y seguimiento, supervisión e interventoría contratadas. Y en esto el gobierno central no puede ser indiferente, comenzando por las diligentes Ministra de Educación y Directora del ICBF, responsables directas del programa.

Los hallazgos de la Contraloría son numerosos, más allá de la de por sí grande suma de casi $17.000 millones mal utilizados, como que las raciones no cumplen con los requerimientos establecidos, pagos mayores al valor de la porción, desfocalización en la identificación de beneficiarios y utilización de productos llegados de contrabando sin las comprobaciones técnicas y de calidad. Desafortunadamente, también hay casos de convenios hechos con comunidades indígenas que violan las normas e incumplen sus obligaciones, cuando se supone deben ser las más interesadas en la transparencia y buen manejo, pues se trata de niños de esas comunidades.

El país no puede resistirse a creer que no hay solución a este problema que afecta a los niños pobres, pero debe actuarse con seriedad y que no todo quede en discursos mediáticos. Sin duda que la idea de usar los bancos de alimentos de la iglesia  puede ser una salida adecuada, pues han demostrado que en efecto tienen criterios de desprendimiento y solidaridad que no están en la agenda de nuestra clase política que muchas veces patrocina a los contratistas locales.

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