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Lo que ha ocurrido con El Quimbo es muy delicado, Además de generar incertidumbre es un mensaje poco alentador en la estabilidad normativa
La controversia por la suspensión de la generación de energía del proyecto de hidroeléctrico, El Quimbo, adoptada por la empresa luego de una decisión de la Corte Constitucional que lo ordenaba, es un asunto que compromete la política de Estado que merece toda la atención de las autoridades y no puede pasar desapercibido dejando que solo los jueces decidan. En tono enérgico, el presidente Santos ha dicho que el país no puede exponerse a un racionamiento eléctrico por el dudoso fallo judicial.
El máximo tribunal ha decidido declarar nulo un decreto expedido hace unas semanas por el Gobierno con el cual pretendía dejar sin piso una medida cautelar impuesta por el Tribunal Administrativo del Huila que determinó que el arranque de la puesta en marcha de El Quimbo quedaba suspendida hasta que las autoridades ambientales comprobaran la remoción de supuestos daños que habrían aparecido después del llenado de la presa. La verdad es que la decisión del tribunal local se fundamenta en la opinión de la Corporación Ambiental del Huila contraria a la de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, Anla, que sostiene que los problemas si fueron atendidos.
El Quimbo, como muchos otros proyectos mineros o de infraestructura, que se planean o adelantan en el país, ha sido objeto, desde su arranque, de una permanente presión por parte de grupos políticos y ambientalistas locales que lo han considerado -sin mayor fundamento- como una afrenta al desarrollo regional y al medio ambiente, con el apoyo de la CAR de esa jurisdicción. Y en ese orden, la decisión de ahora, puede estar inspirada en esos intereses, que aunque en teoría colocan por encima la loable defensa del recurso hídrico y la sostenibilidad ambiental con la que nadie puede estar en desacuerdo, en no pocas oportunidades esconden otros tipo de pretensiones.
En este sentido, la intervención del Ministerio del Ambiente debe ser ejemplar para impedir que organismos locales impongan criterios cuando los proyectos tienen carácter estratégico para el país, como es el caso de esta hidroeléctrica que debe aportar 5% de la demanda eléctrica diaria del país. Ello no significa para nada dejar de lado los criterios de defensa de los recursos naturales y de protección ambiental.
Las decisiones judiciales son respetables y deben ser acatadas, lo cual no está en discusión, como lo ha expresado la empresa sin entrar a controvertirlas, pero los fallos deben consultar más allá de la mera formalidad legalista y en particular en el caso del Tribunal de Huila consultar la realidad, la conveniencia y los criterios técnicos, en este caso a la entidad encargada del otorgamiento de las licencias, que es la Anla que está por encima de la corporación autónoma. Además de tener flexibilidad para corregir eventuales problemas, como se ha hecho en muchas ocasiones en la que los tribunales han dado muestras claras en tal sentido.
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