¿Es peor el remedio que la enfermedad?

¿Por qué la Procuraduría destituye al Superintendente Financiero, Gerardo Hernández, antes de que los responsables de los delitos vayan a la cárcel? ¿Por qué el Procurador destituye al alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, pocas semanas antes de que se venza el plazo para convocar elecciones atípicas y el última día para la inscripción de candidatos a Senado y Cámara?

Las preguntas frente al hecho pueden ser muy numerosas, y responderlas en derecho parece ser el único camino indicado para entregar luces sobre la actuación de la Procuraduría General de la Nación, hoy en manos del reelegido por los congresistas, Alejandro Ordoñez. Lo primero que se ve es la milimetría política de cada acto, actuación que no solo pone en jaque procesos superiores, sino también que le abre fuertes grietas a las institucionalidad del país. Hasta el mismo Presidente de la República se pronunció frente a la destitución de Hernández, y ha sido presa de la lente opaca del ente regulador, que curiosamente le permite al presidente candidato ir a convenciones políticas, pero no participar en inauguraciones de obras públicas.

Lo único claro, pasadas estas dos semanas de excitación política generada desde la Procuraduría, es que Colombia camina a pasos agigantados por el sendero de la desintitucionalización gracias a las actuaciones cargadas de milimetría política del Ministerio Público. Tal vez en derecho tenga razón el Procurador, y en el caso del Superintendente y del Alcalde Mayor existan razones efectivas para sancionarlos por 15 años, pero sus acciones cruzadas con el calendario electoral, el proceso de paz y los intereses de muchos defensores de los culpables de Interbolsa, le hacen perder credibilidad a un país que pide a gritos volver al cauce de las instituciones fuertes que trasciendan personas y corrientes políticas.

Bien lo decía el exministro Rudolf Hommes: ¿quién quiere ser Superintendente en estos momentos? Y ahora bien se puede preguntar por qué la destitución del Alcalde de Bogotá no se extiende a ministros incompetentes; a los directores gremiales que manejan impuestos parafiscales; a miles de concejales y diputados con graves acusaciones, y/o a cientos de alcaldes en toda Colombia que mantienen sus comunidades postradas en la pobreza a causa de su corrupción. La Procuraduría tendrá que actuar con mucha firmeza desde ahora y seguir por esa senda de ‘dura es la ley, pero es la ley’. Si Ordoñez y su equipo no mantienen la línea, se va a decir a cuatro vientos que en términos de Ministerio Público, más es peor el remedio que la enfermedad.

En lo que respecta a Bogotá, la Capital no aguanta más corrupción, mediocridad, indolencia y falta de visión hacia el futuro. A esperar las propuestas para unas elecciones atípicas en medio de todo esto.