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El Ministerio de Educación debe velar por la calidad de la educación y por las finanzasde los centros educativos.
Los escándalos en fundaciones universitarias, centros educativos superiores, corporaciones autónomas universitarias y demás formatos educativos que se venden como universidades, no son nuevos en la agenda mediática nacional. Cada dos o tres años, la población universitaria es sacudida por noticias que tienen que ver con matrículas desviadas, falta de recursos, semestres incompletos, malas instalaciones, y lo peor de todo, pésima calidad de docentes. Y justamente cuando la autoridad competente actúa se desgranan una serie de irregularidades que tienen que ver con la muy laxa vigilancia que se le da a las instituciones educativas superiores, muchas de las cuales se venden como universidades de primera línea y con todas las de la ley, pero no llegan a los más mínimos niveles de exigencia y calidad del servicio que imparten.
No es raro que fundaciones, centros superiores y corporaciones educativas autónomas, desvíen recursos obtenidos de los estudiantes en una suerte de ampliación de portafolio de inversiones y que con el dinero de las matrículas abran restaurantes, monten haciendas ganaderas, criaderos de caballos, gimnasios, industrias y toda clase de diversificaciones que se escapan al control de un silencioso Ministerio de Educación que pasa de agache en todas estas lides de estafadores parapetados en flamante universidades de garaje. ¿Quién tiene la culpa de estas manipulaciones? Las autoridades de control y vigilancia del sector educativo central, particularmente el Ministerio en mención y las superintendencias involucradas, dejan que personas inescrupulosas jueguen con el sueño de miles de familias de darle educación a los hijos.
El eterno dilema del costo/beneficio se ve alterado por todos estos prestadores informales del servicio de educación privada. Los semestres en estas universidades no son baratos y las personas de recursos limitados consiguen el dinero en la banca comercial a tasas muy altas con el fin de que sus hijos sean profesionales y emprendan un camino laboral fijo en alguna carrera digna, como puede ser la medicina o la odontología, pero al final son atracados en su buena fe y el costo/beneficio es muy alto para los resultados. Primero porque la calidad impartida en esas instituciones no es buena y segundo porque pocas veces consiguen trabajos acordes al alto costo semestral.
El Ministerio no solo debe hablar de pruebas Pisa, de acreditaciones universitarias, sino también de protección a las familias y a los estudiantes de estos centros superiores de educación deficiente que solo se limitan a entregar un diploma sin mucho tráfico profesional a un alto costo. Tal vez el último escándalo sea la gota que colme la copa y Colombia tenga verdadera vigilancia educativa.
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