Termina una de las legislaturas más mediocres del Congreso y nos adentramos en las preelecciones así que nada de trabajo
A menos de diez días de terminar las sesiones ordinarias del Congreso de la República en el primer semestre de este año, el balance de actividades del legislativo no puede ser más pobre y mediocre, pues no hay proyecto de ley importante que se vaya aprobar con un estudio serio y profundo, aunque con seguridad a última hora se usará el tradicional “pupitrazo” para sacar alguna iniciativa. Es el caso de la salud.
Desde hace mucho tiempo no ocurría una situación similar y aunque el tema es responsabilidad primera y directa del Congreso, al gobierno y en particular al Ministerio del Interior también le ha faltado diligencia y una actitud mucho más proactiva para empujar proyectos de gran trascendencia para la vida y bienestar de los colombianos. Lo más triste de la situación es que no se puede alegar que no hay temas que deben ser objeto de trámite legislativo, comenzando por las reformas a la salud y a las pensiones, consideradas prioritarias y cuya urgencia es evidente. En el primer caso, la salud, aunque el ejecutivo presentó ya un proyecto, el desgano y pobreza del debate han sido lamentables, actitudes en las que hay que incluir al propio ministro del ramo. Y solo a última hora, se dará un pupitrazo a tan trascendental decisión.
Pero no es solo en estos dos casos en los que al balance es mediocre, sino que en otras iniciativas tampoco se han dado resultados para destacar. Los ejemplos pululan. Desde hace más de dos años con motivo de la primera emergencia invernal, el gobierno nacional anunció una reforma a las corporaciones autónomas regionales para enfrentar su burocratización y manejo politiquero, pero hasta la fecha no se conoce ni siquiera un anteproyecto para discutir.
La Corte Constitucional declaró por fuera de la Carta, en mayo de 2011, la Ley 1382 de 2010 en la que adoptaba un nuevo Código Minero, porque el ejecutivo omitió la realización de la consulta previa a las minorías étnicas y afrodescendientes tal como lo establece la Constitución y para evitar mayor traumatismo le dio al gobierno dos años para tramitar un nuevo proyecto. Pasaron los dos años y no hicieron nada en un tema tan transcendental para la economía del país. La salida más simplista y torpe fue adoptar la norma vigente con anterioridad, con el argumento de que para hacer la reforma se requiere primero reglamentar la misma consulta a las minorías étnicas, lo cual tampoco se tramitó.
El control político y los grandes debates en el Congreso también desaparecieron. En el campo económico la situación es peor y todo se reduce a tramitar asuntos de menor importancia dejando de lado temas como el seguimiento al plan de desarrollo, la coordinación institucional en la formulación de la política minero-energética, el plan de infraestructura y el medio ambiente, solo para enumerar unos pocos.
