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Los gremios del agro y el Gobierno atraviesan por un grave problema que es más comunicación que economía.
Murió el pasado lunes en la noche uno de los economistas más importantes para el campo colombiano, Gabriel Rosas Vega, no solo fue un ministro emblemático del sector, sino que estuvo por varios años en el Ministerio de Agricultura. Fue representante a la Cámara, senador, dirigente gremial, decano y columnista de opinión por muchos años. Y su gestión -brillante por demás- se trae a valor presente porque como ministro de Virgilio Barco (1986-1990) preparó las bases de una ley marco que buscaba proyectar a largo plazo el campo y que fue denominada ‘Agrovisión 2025’. Estamos hablando de finales de la década de los noventa, cuando ya se empezaban a presentar los problemas que hoy, cerca de 30 años después, no resolvemos.
A los pocos años llegó el economista más influyente de Colombia, José Antonio Ocampo, quien como ministro de Agricultura, durante el gobierno de César Gaviria (1990-1994) lanzó las cinco estrategias para desarrollar el agro. Luego vinieron otros sin mucha resonancia en las épocas de Samper (1994-1998), Pastrana (1998-2002); todos sin mayores aportes ni las soluciones estructurales a los problemas crónicos del sector agropecuario nacional que van desde líos en la tenencia de tierras y su tributación, hasta las políticas públicas de desarrollo agrario, eso sí pasando por los subsidios y la baja competitividad regional.
Con Uribe I (2002-2004) y Uribe II (2004-2010), las cosas no mejoraron sustancialmente en cuanto a políticas a largo plazo, pues el mono tema del conflicto con narcotráfico focalizó la agenda agraria. Y al final del mandato, el polémico asunto de Agro Ingreso Seguro mediatizó todos los temas del campo dándoles un aire de corrupción. Cuando llegó Santos (2010-2014) las cosas tomaron otra dirección bajo la línea del experimentado ministro Juan Camilo Restrepo, quien habló más de políticas de tierras que de producción agropecuaria. Luego pasó con más pena que gloria, Francisco Estupiñan, quien salió por la parte de atrás luego de fuertes protestas de cafeteros, paperos y cacaoteros. Y por estos días, se mantiene en la cartera Rubén Darío Lizarralde, un profesional que sabe del sector, pero quien no ha sabido hacer click con los dirigentes gremiales, muchos de ellos anquilosados en sus centrales, opinando de lo divino y lo humano, pero sin las más mínima voluntad de cambio o de aporte al proceso de paz que se viene cocinando en La Habana.
Claro que es un problema de comunicación entre el Gobierno y los gremios, para que no se presente ese teléfono roto que lo único que hace es seguir perjudicando al campo colombiano. Y quienes se aprovechan de esta situación son los agitadores sociales quienes encuentran en esas fallas de comunicación el caldo de cultivo para insertar sus ideas de anarquismo.
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