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Analistas 05/07/2013

¿Un nuevo Panamazo, con respaldo de La Haya?

Analista LR
La República Más
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El colombiano es un pueblo de espaldas al mar y a la historia. Con 3 mil kilómetros de costa en dos océanos, no existe en el país un solo puerto de gran envergadura donde se sienta la fuerte cultura marinera de comercio, de conexión con el mundo, que se respira en ciudades portuarias como Colón, Santos, por no mencionar a Rotterdam o Hamburgo. Tampoco existe un gran proyecto nacional de explotación marítima como el que muestran Perú o Chile. Para los colombianos el mar es básicamente un sinónimo de playa.

 
Las dos últimas semanas han entregado elementos para reafirmar que somos un pueblo que desconoce la historia y desdeña el mar. Hablo de los últimos cuestionamientos que han surgido sobre el fallo de la Corte de la Haya que despojó al país de 70 mil kilómetros en el Caribe.
 
El caso empieza a tener un mal sabor y un parecido inquietante con la pérdida de Panamá en 1903. Baste empezar diciendo que para comienzos del siglo XX buena parte de la apuesta de expansión y desarrollo de Estados Unidos estaba cifrada en controlar un canal interoceánico, en el istmo. La eventual supremacía china del siglo XXI parece apuntar también al control de otro canal, esta vez en Nicaragua.
 
Lo lamentable es que el gran perdedor de esos sueños hegemónicos tenga que ser Colombia en ambos casos.
 
Recuerdo que cuando en 1977 se firmó el tratado Torrijos-Carter por el cual se comenzó a devolver el canal a los panameños, yo tenía 13 años y le escuché decir a mi papá: “Si la historia fuera justa, los gringos deberían devolverle el canal pero a Colombia”. Con el paso de los años, ahora que mi padre ya no está, he empezado a entender la enorme lucidez de esa sentencia, y cómo el tema Panamá nunca constituyó una herida para el orgullo nacional.
 
Pocos recuerdan que Colombia comenzó a construir el canal con Fernando de Lesseps, y que éste se quebró por maniobras muy dudosas. Entonces, los gringos asumieron el proyecto. Tampoco, que el gobierno conservador de Marroquín le pidió al de Teodoro Roosevelt intervenir con sus marines en el istmo para desalojar a los liberales, en plena guerra de los Mil Días. Que una ley del Congreso de EE UU de 1902 (ley Spooner) le exigía a Colombia la cesión absoluta y perpetua de la franja del canal. Que Colombia decidió negociarlo por 10 millones y una renta anual de US$250 mil, en el tratado Hay-Herrán, el cual Marroquín pretendía desconocer luego de firmado. Roosevelt, déspota, racista y belicoso, no se detuvo en pendejadas, independizó a Panamá y formó una república ficticia que solo hasta hace poco empezó a sentirse seria. Y detrás de todo, como lo confirma el excelente libro de Ovidio Díaz Espino, “El país creado por Wall Street”, lo que hubo fueron millones de dólares y los intereses de banqueros neoyorquinos, con J P Morgan de primero. La diabólica combinación de política y dinero le amputó a Colombia su presencia en Centroamérica.
 
Para reafirmar la desvergüenza, el país aceptó en 1914 una indemnización de US$25 millones y la promesa de nunca reclamar.
 
Luego del fallo de La Haya, el 19 de noviembre de 2012, nos hemos venido enterando de algunas cosas que tienden un manto de duda muy serio sobre la plena independencia de la Corte Internacional e inclusive de las actuaciones colombianas. Es muy extraño, por ejemplo, que dos meses antes de ser conocida la sentencia, el gobierno nicaragüense hubiera firmado un tratado con un empresario chino, Wang Jing, para construir su canal. Sin el mar colombiano esa obra era imposible.
 
Noemí Sanín reveló que una de las jueces en La Haya, Xue Hanqin, es de nacionalidad china y antes fue embajadora de su país cinco años en Holanda, con lo cual debió compartir muchas veces con el embajador de Nicaragua, Carlos Argüello, quien lleva 23 años en el cargo. En ese tiempo, Colombia tuvo 13 diplomáticos distintos. La juez Hanqin debió declararse impedida para juzgar en este caso.
 
Casi inmediato al fallo, el presidente Santos convocó a una comisión de expertos sobre los pasos a seguir. Entre ellos está el reputado jurista Rafael Nieto Navia. Hace poco, nos enteramos por Semana que su yerno es socio y gerente de la compañía Mac Larty, que asesora al chino Wang Jing, eventual constructor del canal en Nicaragua. Preguntado por María Isabel Rueda, Nieto Navia respondió que no lo sabía cuando aceptó el encargo de Santos y que su yerno tampoco sabía lo que hacía el suegro en Bogotá con el Gobierno.
 
Es difícil no creerle; es su palabra;  pero también es imposible desconocer que se trata de un episodio de muy fea presentación y una gran torpeza del Gobierno.
 
Habrá que ver en caso de que Colombia no acate el fallo, si China se moverá, diplomática o hasta militarmente, para defender intereses económicos privados. Roosevelt lo hizo hace 110 años contra esta republiquita bananera.
 

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