Populismo tributario

Con el preámbulo del inicio de las campañas políticas para alcanzar la Presidencia de Colombia en el 2014, hemos empezado a oír declaraciones de personas tan reconocidas y capaces como el expresidente Álvaro Uribe o el exministro Oscar Iván Zuluaga en torno a la inconveniencia de una reforma tributaria.

Es bien sabido que a nadie le gusta pagar impuestos, más aún a nadie le gusta que le incrementen la carga tributaria, por ello es fácil caer en la tentación de tomar esta bandera como parte de los postulados de campaña. Sin embargo, por el bien del país es fundamental que los aspirantes a la Presidencia, incluyendo eventualmente al propio Presidente Santos, reconozcan que nuestro sistema tributario es anacrónico, que apoyen la conveniencia de una reforma integral y que sean responsables frente a sus propuestas aunque las mismas no incrementen su popularidad.

En su momento el exministro Alberto Carrasquilla pretendió impulsar una reforma tributaria similar, en términos filosóficos, a la que ha venido anunciando el actual Gobierno. Desafortunadamente los intereses particulares y las presiones al interior del Congreso de la República redujeron a su mínima expresión el proyecto que inicialmente promovió Carrasquilla. La necesidad de promover aquella reforma se ha incrementado con las nuevas realidades que afronta Colombia para situarse como un país altamente competitivo, es indispensable que la normatividad se actualice para incluir los principios básicos de la tributación y alinearnos con las nuevas tendencias internacionales en materia de política fiscal. Por ejemplo, para clarificar la tributación de los vehículos de inversión colectiva, de los fondos de inversión de capital del exterior y de las operaciones del Mercado Integrado Latinoamericano, entre otros muchos aspectos del mercado de capitales que a la fecha siguen generando incertidumbre respecto a su tratamiento impositivo.

Es larga la lista de los aspectos que requieren ser incorporados dentro de la normatividad tributaria, pero es aún más largo el listado de aquellos que en la actualidad se encuentran regulados de manera deficiente, que no generan claridad y conducen a múltiples litigios entre la Administración y los contribuyentes. Este hecho contribuye a incrementar la congestión de la rama judicial, conduce a que las partes se tengan que desgastar en litigios que pueden durar en promedio 8 años hasta alcanzar un fallo definitivo.  En adición a los vacíos o las deficiencias de nuestro actual sistema tributario, otros aspectos como la necesidad de armonizar las normas que han sido aprobadas a nivel de la Comunidad Andina de Naciones y el eventual ingreso de Colombia a la Ocde conducen a la conveniencia de adelantar una reforma tributaria lo antes posible. En términos generales esa reforma debería estar dirigida a armonizar, actualizar y clarificar el sistema tributario, a disminuir la evasión más no necesariamente al incremento de la carga fiscal. Esto no significa que dentro del debate no se deba incluir la conveniencia de crear impuestos de naturaleza ambiental, que estén dirigidos a todas aquellas empresas que contaminan el medio ambiente y que hoy exigen una acción del Estado que se adelanta con recursos de la tributación general. No parece justo que las acciones para descontaminar el ambiente sean financiadas con los impuestos que todos pagamos, esa responsabilidad debería ser asumida exclusivamente por los responsables de la contaminación.

Por otra parte, el trago amargo que se vivió con la reforma a la justicia tampoco debería ser obstáculo o excusa para no impulsar la reforma tributaria. Es tan grave aprobar una mala ley como no promover las que requiere con urgencia el país. La única manera en que el Gobierno y el Congreso pueden resarcir ese daño es impulsando y aprobando proyectos de ley que vayan en beneficio del interés general, que brinden soluciones efectivas a problemas que se conocen desde hace mucho tiempo. Por su parte los precandidatos y demás líderes políticos deben hacer un esfuerzo y profundizar en las medidas que se requieren para alcanzar un sistema tributario más eficiente y equitativo, para llenar los actuales vacios en la normatividad, en lugar de quedarse en la negación y en la crítica a cualquier reforma que provenga del partido contrario.