Una amiga geóloga me contaba que cuando llegó a iniciar labores de prospección minera a cierta región del país, de la mano de una empresa multinacional, encontró una familia que vivía en condiciones tan precarias, que su reproducción se había dado estrictamente por vía endogámica, dados el aislamiento de dicha región y la ignorancia de las personas. El señor era padre y abuelo de los mismos niños y lo mismo sucedía con buena parte de su descendencia. Si analizamos esta situación a la luz de los últimos titulares sobre el informe de la Contraloría, hay quienes dirían que “puede haber cruces entre la endogamia y la minería….”.
Un titular que afirma que “80% de violaciones a DD.HH. en 2011 fue en municipios mineros” en la primera página de los principales diarios del país, produce un impacto muy fuerte en la opinión pública, especialmente por la reputación que tiene la minería en el mundo entero. ¿Se les está acusando o no de ser responsables de dichas violaciones?
Más adelante el informe sostiene que “aunque los departamentos con presencia minera se caracterizan por una mejoría en sectores de educación y salud financiados con recursos del Sistema General de Participación, también propicia actividades económicas especulativas que se agudizan por la ausencia de intervención del Estado”. Entonces sería necesario preguntarse: ¿los problemas de derechos humanos en estas regiones se deben a la llegada de las compañías mineras, o más bien se trata de regiones donde tradicionalmente ha habido problemas de orden público por la ausencia crónica del Estado, ya que las condiciones geográficas dificultan el levantamiento de infraestructura? No será que esto empieza a revertirse cuando llegan compañías que trazan vías, generan empleos y establecen nuevas relaciones con las cabeceras municipales y la institucionalidad en general, de manera que estas poblaciones adquieren una visibilidad que antes no tenían?
Hay un riesgo muy grande de confundir los fenómenos: si hay funcionarios de determinadas compañías que auspician vínculos con grupos ilegales, allí debe intervenir el sistema judicial para realizar las investigaciones pertinentes y asegurarse de que se apliquen las sanciones respectivas. Pero otra cosa es estigmatizar a un sector entero hasta el punto de que ciertos medios terminan convirtiéndose en fiscales y jueces de actores legítimos que llevan consigo un potencial de desarrollo significativo. ¡Es que en muchas ocasiones la fuerza pública llega precisamente por la presencia de las compañías! ¿A eso lo vamos a llamar tráfico de influencias? ¿Se le ha preguntado a estas comunidades qué opinan de que el ejército haga presencia en la zona para que se pueda desarrollar de mejor manera la actividad económica?
El producto de la minería lo encontramos en telecomunicaciones, viviendas, infraestructura, e incluso, nuestro sistema alimenticio. No se trata simplemente de una actividad especulativa que genere rendimientos ficticios. Por otro lado, la extracción de minerales exige la intervención de la montaña, lo cual genera impactos evidentes en el medio ambiente; por tanto, es necesario encontrar caminos de acuerdo sostenibles entre los actores que tienen intereses legítimos en una región; se trata de construir en medio del natural disenso político. Pero eso no va a suceder si tratamos a los inversionistas de capitales de riesgo y su equipo de colaboradores como si fueran criminales que verdaderamente son responsables por el 80% de la vulneración de los derechos humanos en el país.
El trabajo de un hombre de ciencia no se agota en el señalamiento de una correlación entre dos fenómenos. Su responsabilidad llega hasta la determinación de factores objetivos de causalidad entre ellos; y al hacerlo debe empezar por reconocer los sesgos ideológicos que pueden incidir en las conclusiones que obtenga con su estudio. Nadie tiene la intención de absolver culpables; pero tampoco podemos convertirnos en contradictores obstinados de un proceso que puede traer beneficios muy importantes, precisamente a las regiones a las que no va a llega ningún otro actor institucional.
