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ANALISTAS El cartel del Capitolio
viernes, 11 de octubre de 2013
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En menos de cincuenta años el Congreso de Colombia ha sufrido una lenta e irreversible degradación, desde el foro de burgueses, seudo aristócratas y terratenientes que fue hasta fines de los años cincuenta, al refugio de clientelistas y caciques, ávidos de puestos y presupuestos de la segunda mitad del siglo XX, hasta la industria criminal en que terminó convertido en los últimos quince años.

Lo siento por el mínimo puñado de legisladores honrados, pero hoy el Capitolio es una cueva de ladrones. Una mafia con sangre en las manos.

Ni siquiera la función primordial de hacer leyes la está cumpliendo bien nuestro Congreso. Un ejemplo concreto: la Cámara de Representantes divulgó que en la legislatura de 2010 a 2011 discutió 84 proyectos de iniciativa parlamentaria, de los cuales aprobó 55 y dejó listos 39 para segundo debate. Mirando esos 84 proyectos, se puede afirmar que 42 son verdaderas tonterías que no tendrían que pasar por el legislativo: honores para Fanny Mickey, para Armero por el 25 aniversario del deslave, para Sogamoso por sus dos siglos; aplausos a la celebración del centenario de la Unión, al bicentenario de Abejorral, a los 353 años de Río de Oro (Cesar), y al de Santa Rosalía (Vichada), y a los 80 del colegio María Goretti, en Mocoa; declaración de patrimonio histórico del sanatorio de Agua de Dios, del Tribunal Superior de Pamplona, y de la ceremonia del Santo Ecce Homo, en V/dupar, y emisión de estampillas. Este año, inclusive, se radicó uno que pretende “declarar el agua de panela como patrimonio gastronómico de la Nación”.

El control político, la otra función, es tan exiguo, que en los últimos 20 años se dio la pantomima del juicio a Samper, y el silencio ante la comprobada negociación para reelegir a Uribe.

Por eso, en el fondo, es un poco menor este debate sobre la descarada acción del Presidente de devolverles los casi $8 millones que les había quitado el Consejo de Estado al eliminar las primas de salud en septiembre. El episodio es deplorable pero es un asunto pequeño, como lo es criticar hoy el ausentismo o el turismo parlamentario, o que Gerlein diga idioteces. El verdadero cuestionamiento al Congreso es en qué momento se convirtió en una empresa del crimen, en un negocio para unos cuantos clanes; negocio amparado además por las armas narcotraficantes y paramilitares.

El llamado a cuentas que se le debe hacer es por los aplausos entusiastas cuando los jefes ‘paras’ Báez, Mancuso e Isaza visitaron el Capitolio en 2004; por los 71 congresistas que terminaron enjuiciados por su relación con las autodefensas, y acusados algunos de ordenar masacres y saquear erarios.

La parapolítica dejó en evidencia absoluta hasta dónde el legislativo es una especie de cartel con estructura mafiosa, en el cual ya no hay proyecto público alguno, y casi ni siquiera vocería regional, sino un filón económico para engrosar patrimonios de familia. Y lo es del modo más descarado. Según un informe de la Misión de Observación Electoral (MOE) para las elecciones del 2010, alrededor de 80 aspirantes al Congreso eran herederos de la parapolítica. Es una enorme burla que un parlamentario pierda su curul y en la siguiente elección salga elegido su hermano, su mujer, su hijo. Y es tan flagrante la venalidad que más de una vez el heredero también terminó en la cárcel: A Francisco Jattin le quitaron el escaño en el 96 por el proceso 8.000, y su hija Zulema se quedó con “el negocio” para perderlo en 2009, cuando fue detenida. El senador Juan José García Romero perdió su pupitre por peculado y terminó preso; lo sucedió su esposa, Piedad Zuccardi, hoy privada de la libertad. Jairo Merlano, sentenciado a siete años, fue sucedido por su hijo Eduardo, a quien la Procuraduría destituyó por manejar ebrio y querer evitar los controles.

Otro García Romero, Álvaro, fue condenado a 40 años por la masacre de Macayepo. Sus votos los recogió Teresita, su hermana. Lo mismo ocurrió con Óscar Suárez, condenado a nueve, que le dejó el puesto a Olga Lucía Suárez. Juan Manuel López también cayó por parapolítica, pero su señora, Arleth Casado, tomó su lugar. Es tan fuerte el entramado y tan previsora la mentalidad de estas oscuras empresas familiares que se volvió un imperativo ubicar más parientes en las listas de cada partido. Con algo de suerte se puede conseguir otra plaza adicional en el Capitolio. Así, mientras el senador Luis Alberto Gil perdió su curul (y pagó siete años de prisión), su mujer, Doris Vega, ganó otra por la muerte de Juan Carlos Rizzetto. Un caso muy parecido fue el de los Sánchez Montes de Oca, del Chocó: Odín fue desinvestido en 2009, pero su hermana Astrid llegó al Congreso, a quedarse justamente con el sitio de Eduardo Merlano.

¿Les preocupa algo lo que la opinión piense de ellos? Jajajaja, definitivamente no. ¿Para qué la necesitan, si con votos comprados (con plata o con puestos), y con el auspicio de los ‘paras’ y ex ‘paras’ todo está asegurado?