De manera afortunada el gobierno nacional diseñó el plan de impulso a la productividad y el empleo, mejor conocido como el PIPE, con el propósito de lograr que el aparato productivo pueda ser más competitivo y de esta forma resista los embates que la revaluación del peso y la competencia desleal le están propinando.
En el caso específico de la apreciación del peso colombiano, una de las consecuencias más preocupantes derivadas de este fenómeno tiene que ver con el incremento del costo de la mano de obra medido en dólares. La realidad de este fenómeno está llevando a que los productos colombianos intensivos en mano de obra no sean competitivos, no solo en los mercados internacionales sino lo que es más preocupante en el propio mercado nacional. Por ello, con el propósito de disminuir los costos asociados con el empleo formal y sin deteriorar el ingreso de los trabajadores, el gobierno impulsó en la pasada reforma tributaria la eliminación de los parafiscales para los trabajadores que ganan menos de 10 salarios mínimos y dispuso la creación de un nuevo impuesto denominado CREE.
El objetivo de estas políticas es claro, lograr que la mano de obra colombiana sea competitiva y las empresas puedan por tanto demandar y obtener mano de obra a precios competitivos y la producción basada en esa mano de obra pueda igualmente crecer y generar un círculo virtuoso mediante el cual en la medida que la producción crece se puedan crear nuevas necesidades de mano de obra y por tanto más empleo formal para los colombianos.
Sin embargo, mientras una parte del gobierno trabaja en esta dirección, otra avanza en sentido contrario. En particular en el Congreso de la República avanzan tres proyectos de ley que, de aprobarse, significarán mayores costos para la mano de obra formal en Colombia.
En primer lugar, el proyecto de Ley 184 de 2012, impulsado por la Presidencia de la Camara y con el respaldo del Ministro de Trabajo, pretende incrementar el número de aprendices que deben contratar las empresas. En otras palabras se pretende crear empleo por mandato de la ley sin importar el impacto negativo para las nóminas, la rentabilidad y competitividad de las pequeñas, medianas y grandes empresas. De aprobarse este proyecto de ley, lamentablemente el resultado no será el que señalan sus autores sino un gran incentivo a dejar de producir en Colombia y sustituir dichas producciones por importaciones desde países que registran menores costos de mano de obra.
De igual manera, hace curso en el Congreso de la República un proyecto de Ley que pretende eliminar la tercerización laboral. Desconociendo que para algunos sectores la tercerización es la vía mediante la cual se pueden atender pedidos que no son permanentes, que responden a oportunidad o a ciclos. Particularmente, esta es una realidad en el sector exportador, el cual se ve enfrentado a ventas de oportunidad, a ventanas que se abren en los mercados debido a dificultades que afrontan los productores tradicionales, pero que no pueden ser aprovechados si la condición es contar con una planta de personal permanente que no permite flexibilidad una vez desaparecida la demanda.
La inexistencia de mecanismos como la tercerización simplemente sacan a Colombia como país que puede aprovechar las oportunidades temporales de mercado, como los picos de demanda. El resultado, los empleos directos y permanentes simplemente no se generaran, pero los temporales tampoco.
De igual manera, el proyecto de Ley 82 de 2012, pretende volver a establecer la rigidez de la jornada laboral, desconociendo las necesidades contemporáneas del mercado que exigen, por ejemplo, horarios de atención ampliados al público.
En fin, como se puede observar no ha alcanzado a consolidarse el PIPE cuando ya surgen fuerzas Anti PIPE que buscan borrar los avances que permitirían que Colombia cuente con una mano de obra competitiva.
