El primer y real efecto del TLC con el Tío Sam, que recae sobre los pequeños y medianos productores colombianos, es la obligación de utilizar “semillas certificadas”. El 23 de abril de 2012, con la ley 1518, el Congreso de la República, aprueba el convenio internacional para la protección de las “obtenciones vegetales”, UPOV 1991. Esto como requisito para el TLC con Estados Unidos. Sin embargo, unos años antes en el periodo 2008-2009, las semillas certificadas de algodón les habían dado pérdidas a los productores nacionales.
¿Y quiénes tienen semillas certificadas? Si, entre otras, la multinacional norteamericana Monsanto y la Suiza Syngenta, que además producen pesticidas con altísimos precios para los pequeños productores y para el país con el glifosato. ¿Y quién regula esto?
En cuanto a competitividad de los productos, los tratados de libre comercio con Estados Unidos y la Unión Europea con seguridad tendrán efectos sobre el campo colombiano a medida que la desgravación de las posiciones arancelarias de los productos agrícolas va siendo efectiva, pero este proceso va a ser paulatino en el tiempo. En este momento los acuerdos que ya llevan varios años establecidos, como los de Mercosur y la Comunidad Andina, son los que realmente podrían estar teniendo efectos negativos, dado que, por ejemplo con el CAN, la desgravación en la mayoría de productos es de 100%.
Ahora, para poder enfrentar la competencia externa, el sector agrícola, así como el manufacturero, tienen que tecnificar y mejorar los procesos productivos para poder responder a la competitividad externa y generar valor agregado en la producción nacional. Por ejemplo, sería mucho mejor tener ganadería intensiva más que extensiva, y esto facilitaría el uso de mayores extensiones de tierra para crear eficientes procesos agroindustriales.
Sin duda también influye la excesiva intermediación tanto en la comercialización de los insumos agrícolas como en la comercialización de los productos finales. Ahí se queda gran parte de las ganancias.
Sin embargo, los problemas de los campesinos en los departamentos como Córdoba, Nariño, Boyacá y Cauca, vienen de muchos años atrás, pero estallaron en las manos de este gobierno.
Según el informe del Dane: “Pobreza monetaria y desigualdad 2012, por departamentos” es claro que la desigualdad en Colombia no solo se da entre departamentos sino dentro de los departamentos. Y esto es el resultado de pobres políticas redistributivas a nivel nacional, pero sobre todo departamental, de muchos gobiernos anteriores.
Por ejemplo, en el ingreso per cápita de la unidad de gasto los departamentos con menores ingresos son: Chocó, Cauca, Nariño y Córdoba. Boyacá está un poco por encima de los anteriores, pero está por debajo de la media nacional. Curiosamente coinciden con los departamentos donde los campesinos se levantaron.
Según la clasificación de los departamentos por línea de pobreza, los más pobres son: Boyacá, Guajira, Córdoba, Chocó, Nariño y Cauca. Nuevamente y curiosamente coinciden con las revueltas campesinas.
Los más pobres según la línea de pobreza extrema son los mismos anteriores: Boyacá, Guajira, Córdoba, Chocó, Nariño y Cauca. Todos por debajo de la media nacional. La cuestión es muy parecida según la incidencia de la pobreza.
Según el coeficiente Gini de ingresos, actualmente los departamentos con peor distribución del ingreso son: Boyacá, Córdoba, Guajira, Huila, Cauca y Chocó. Nariño tiene una mejor distribución del ingreso, pero sigue siendo alto el índice.
Los TLC con Estados Unidos y la Unión Europea han tenido algunos efectos iniciales adversos, pero sus efectos reales se verán con el tiempo, para bien o para mal. A la luz de los datos, el paro campesino es la lógica respuesta a problemas internos colombianos que llevan décadas sin resolverse.
Pero lo más curioso de todo es que, según el DNP, en la repartición de regalías en el 2012, Córdoba, Nariño, Boyacá y Cauca, están dentro de los trece departamentos que mayores regalías recibieron.
¿Dónde está la bolita?
