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Pues el panorama de los pleitos en Colombia, solamente basados en los proyectos concesionados que lidera la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), llegan una pretensión de $2,5 billones. Esto en los casos en los que ya hay un proceso y decisión en firme.
Sin embargo, contrario a lo que ocurría antaño, la estrategia de defensa jurídica de la Entidad ha logrado que entre las pretensiones y lo que terminaron pagando haya una diferencia de $2,14 billones. El presidente de la ANI, Luis Fernando Andrade, explicó a LR que “nos han demandado en 24 situaciones por $2,5 billones. Nosotros entre conciliaciones y condenas, donde las primeras son la gran mayoría, hemos llegado a $450.000 millones. Prácticamente no nos han condenado. De todo el potencial de costos que se pudieron generar por estos procesos nos ahorramos 80%”.
De acuerdo con Andrade la entidad tiene en condenas a favor desembolsos por $233.000 millones, que si se restan con lo que toca pagar genera un efecto neutro. “No hemos tenido sobre costos a raíz de los procesos de demandas”, anotó.
Por ejemplo, en un proceso de conciliación con ISA en 2013, de los estudios de Autopistas de la Montaña, donde el Estado iba a pagar, se logró reducir la pretensión en casi $1.000 millones.
Los cambios que se han llevado a cabo en el proceso de defensa se podrían categorizar en tres frentes. El primero es un equipo externo de 10 abogados especializados en la legislación contractual de las concesiones. Se destaca en ese equipo el abogado Gabriel de Vega, Carlos Medellín y Henry Sanabria, enfocados principalmente enlíos que le surjan a a la entidad en las carreteras. Otro frente de acción legal en esa estrategia de defensa es la escogencia de los árbitros. Para tal fin, hay que recordar que desde la Presidencia de la República, en 2014, se definió el procedimiento para la revisión de los pleitos que tienen todas las entidades públicas en la también creada Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje).
Un tercer frente es el apoyo que presta a la ANI en los pleitos legales su par de Defensa Jurídica del Estado. Esta entidad, a 31 de diciembre de 2016, participaba en 377 procesos con pretensiones por $3,1 billones, que es valor de todas las pretensiones contra el Estado. En su balance de gestión de 2016, la Andje también señaló que en 2016 logró un ahorro de $10,3 billones en los procesos judiciales y conciliaciones.
El ciclo de demandar
La debilidad que había en la estrategia de defensa del Estado también llevó a que las firmas que participan en la contratación pública tengan como un eje principal en su organización un equipo legal experimentado. Sin embargo, no quiere decir que sea un tema de mala fe o desconfianza. Para Manuel Quinche, socio de Brigard & Urrutia, “se debe a que los procesos son complejos y no necesariamente significa que el proyecto esté mal estructurado. Es una situación que puede presentarse y que requiere de una asesoría legal oportuna”.
La ANI resalta que en su estrategia jurídica ha logrado que pleitos con firmas como Constructora Solarte disminuyan en sus pretensiones. En el caso en mención, las pretensiones por conciliación eran por más de $143.000 millones y por laudos arbitrales más de $115.000 millones. Al final, según la ANI, por el primer monto solo recibió un poco más de $25.000 millones y por el segundo cero.
Otro que salió a relucir fue el constructor Carlos Collins, en su intento por pedir en los tribunales arbitrales más de $100.000 millones, y en el que en esos casos terminaron condenas a favor de la ANI por $200.000 millones.
Sin embargo, con todo lo anterior, el principal dolor de cabeza en este momento es la demanda que puso Odebrecht en el proyecto de Ruta del Sol Sector II y cuyo monto asciende a $700.000 millones. Este monto a pesar de que en el acuerdo al que llegó el Gobierno Nacional con el consorcio, se específicaba que se debían desestimar esas pretensiones para facilitar la terminación del contrato.
No obstante, y a pesar de que varios expertos reconocen el avance en materia de defensa del Estado en estos últimos meses, también se encuentran posiciones sobre lo que falta en esa materia.
Al respecto, José Roberto Acosta, vocero de la Red de Justicia Tributaria señala que “si bien se ha presentado una mejora en los procesos locales, el Estado colombiano aún es muy débil en su defensa en los tribunales internacionales”.
Otra visión tiene Eduardo Sarmiento, de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito, al indicar que “el principal problema es que el sistema judicial permite que uno sea contratista y cambie las condiciones a través de demandas”.
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Con una inversión superior a los $1,7 billonespara intervenir 190,13 kilómetros de este proyecto, el Gobierno busca mejorar la conectividad, el turismo y el comercio del centro y el sur del país, que además beneficiará a municipios aledaños de Caldas, Tolima y Cundinamarca. En la actualidad, la concesión de la ANI avanza en la construcción de vigas y estribos, que sostendrán la estructura del nuevo puente sobre el río Magdalena. Adicionalmente, se continúa con la excavación mecánica para la construcción de pilotes.
Las opiniones
Luis Fernando Andrade
Presidente de la ANI
“La estrategia de defensa ha sido exitosa. Estamos tumbando la premisa que afirmaba que en los tribunales siempre ganaba el privado”.
Manuel Quinche
Socio de Brigard & Urrutia
“Si uno compara el pasado, antes de que existiera la Agencia de Defensa, sí había una mayor tendencia a que el privado ganaba los pleitos”.
